Tirón de orejas del Supremo a la Guardia Civil por la investigación del 1-O
El sumario del 1-O está concluido. Los 22 procesados en el Tribunal Supremo están a la espera de que concluyan las alegaciones de las defensas. A continuación, dará comienzo el juicio, previsto para noviembre. Los ex consellers van a intentar retrasarlo pidiendo más diligencias, pero ni la Fiscalía ni el juez están dispuestos a aceptar dilaciones.
Los procesados son todos los ex consellers de la Generalitat, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell; el resto de miembros de la Mesa y las ex diputadas Marta Rovira y Anna Gabriel. Puigdemont y los otro cuatro fugados no podrán ser sometidos a juicio: la ley de enjuiciamiento criminal prohíbe juzgar por delitos condenados con más de dos años de cárcel a alguien que no ha sido detenido.
18 meses de investigación
A los procesados se les acusa de delitos de rebelión, sedición y malversación, además de desobediencia al Tribunal Constitucional. Estos cargos llevan siendo investigados por la Guardia Civil desde febrero de 2017, cuando el juez independentista Santiago Vidal aseguró que la Generalitat estaba utilizando los datos personales de los catalanes de forma ilegal para la organización del referéndum.
Entonces, el juez de instrucción de Barcelona Juan Antonio Ramírez Sunyer encomendó a la Guardia Civil estas pesquisas: debían descubrir si el Govern destinó dinero público a la votación. Los líderes independentistas ya habían sido avisados por el TC y la Fiscalía de que la consulta sería ilegal.
Durante dieciocho meses, los agentes del Instituto Armado han entregado más de doscientos informes sobre la investigación, tanto al juzgado de instrucción número 13 de Barcelona como al Tribunal Supremo.
“La malversación está con pinzas”
En ellos, han acreditado la comisión de los presuntos delitos, aunque, según ha podido saber ECD, para la Fiscalía y para el juez Llarena la malversación no ha quedado suficientemente acreditada en la fase de instrucción.
Al parecer, según fuentes cercanas al procedimiento, los documentos de la Guardia Civil no han cumplido las expectativas del instructor y de los fiscales. En su opinión, tienen base suficiente para probar que hubo malversación “pero está pillado con pinzas”.
Consideran que los agentes han probado con más solidez la rebelión y la sedición que el mal uso de caudales públicos, a pesar de que es más difícil conseguir pruebas de que hubo violencia el 1-O y los días cercanos. En cambio, consideran que, con los medios de que dispone el Instituto Armado, era “relativamente sencillo” obtener conversaciones telefónicas, facturas y documentos que acrediten el desvío de fondos para fines ilegales.
El Diplocat y los observadores internacionales
Llarena y los fiscales han echado de menos la diligencia de la Guardia Civil especialmente en un asunto: el dinero gastado por el Diplocat en los preparativos del referéndum.
Las fuentes consultadas aseguran a ECD que el servicio exterior de la Generalitat era “una vía de escape de fondos”. Muchos de ellos, destinados a difundir la votación y la independencia de Cataluña en el extranjero.
Sin embargo, los informes del Instituto Armado sobre el Diplocat “son escasos”, y en ellos, “hay muy poca información que pueda demostrar pagos a observadores internacionales o la financiación de campañas en las que se decía claramente que desobedecerían la Constitución”.
Unipost y las urnas
Los hechos de los que han obtenido más pruebas han sido lospreparativos materiales del referéndum, esto es, de la contratación del software para el recuento de votos, las urnas y las papeletas.
Del primer asunto, los informes presentan abundantes datos que pueden probar la malversación: conversaciones entre funcionarios de la Generalitat y la empresa contratada, T-System; correos electrónicosentre empleados públicos e informáticos consultados; e incluso, los pagos de la Generalitat a los proveedores a través de la cuenta corriente de Òmnium.
En cambio, los agentes no han entregado al Supremo tanta información ni de la misma calidad sobre el pago de las urnas y las papeletas. La mayoría de los datos estuvieron a punto de ser incinerados por los Mossos, pero la Guardia Civil pudo rescatar las pruebas antes de que fueran destruidas.
Pese a ello, “no ha quedado del todo claro” el origen del dinero con el que se sufragaron los impresos elaborados por Unipost: en torno a 1.200.000 euros, ni el de las urnas, a las que apenas se ha podido rastrear.
“Decepción”
Por todo lo dicho, el balance del instructor y del Ministerio Público es de“decepción” e “insatisfacción” por la labor de la Guardia Civil en este asunto.
Las fuentes consultadas hablan incluso de “investigación deficiente” pese a que desde el Supremo se han facilitado “todo tipo de diligencias”: intervención de líneas de teléfono, registros a empresas públicas o interrogatorios, entre otros.