Izquierda Unida ha impulsado dentro del Grupo Plurinacional Sumar a través de su portavoz parlamentario y diputado por Córdoba, Enrique Santiago, una iniciativa para que el Congreso inste al Gobierno a adoptar todas las medidas oportunas para “excluir a las empresas israelís o participadas por capital israelí que pretendieran participar en las ferias armamentísticas de defensa, seguridad o relacionadas con dichos sectores, tanto privadas como con colaboración pública, que se organicen y celebren en España”.
La iniciativa registrada como proposición no de ley lleva las firmas, además de Enrique Santiago, de los parlamentarios de IU Toni Valero, Fèlix Alonso y Engracia Rivera, junto a las de los también diputados en el Grupo Plurinacional Txema Guijarro, Agustín Samtos y Tesh Sidi.
El texto plantea también con claridad que desde el Estado español se debe “impulsar ante la Unión Europea la elaboración de un marco normativo que permita evitar la participación de delegaciones gubernamentales y empresas del sector de defensa o seguridad de países que pudieran estar cometiendo genocidio, crímenes de lesa humanidad, infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 1949, ataques dirigidos contra personas o bienes de carácter civil u otros crímenes de guerra tipificados en los acuerdos internacionales”.
A nivel internacional ya se han producido actuaciones similares. Por ejemplo, en Francia se ha prohibido a Israel participar en la Exposición Internacional de Defensa de París, Eurosatory 2024. El Tribunal del distrito francés de Bobigny declaró que la decisión se basaba en que las empresas israelíes y sus representantes podrían actuar ‘como intermediarios de empresas armamentísticas israelíes’ en una de las mayores ferias de armas del mundo, en la que 74 empresas israelíes iban a exponer material bélico.
En otros países como Chile o Colombia, se ha vetado ya a las empresas de la industria armamentística israelí de sus respectivas ferias de defensa, concretamente Fidae en Chile y Expodefensa en el caso de Colombia.
La iniciativa que impulsa Izquierda Unida recuerda que desde hace casi un año con el ataque del régimen de Israel a Gaza y sus acciones en los territorios ocupados de Cisjordania “se está cometiendo un genocidio sobre la población palestina, como queda reflejado en las resoluciones de fecha 26 de enero, 28 de marzo y 24 de mayo, todas de este año 2024, de la Corte Internacional de Justicia”.
“Estas resoluciones -añade la proposición no de ley que se debatirá en la Comisión de Defensa-, así como las vulneraciones constantes del Derecho Internacional por parte del Estado de Israel sobre la población palestina y, especialmente, de la Franja de Gaza, hacen necesario que España actúe e impida las colaboraciones y comercialización de productos relacionados con la defensa, como las ferias relacionadas con este sector”.
Los/as diputados/as que respaldan la iniciativa explican que la Feria Internacional de Defensa y Seguridad (Feindef) es la única feria del sector en España apoyada institucionalmente por el Ministerio de Defensa. Está organizada por la fundación Feindef, fundada por el propio ministerio junto a las asociaciones industriales TEDAE y AESMIDE en 2020. “Su próxima edición se celebrará el 12, 13 y 14 de mayo de 2025 en Ifema (Madrid). Esta feria cuenta con 58 países representados por delegaciones y empresas internacionales, entre las que se cuenta Israel, según expone su propio dosier comercial”, añaden.
En opinión de este grupo parlamentario, la participación del régimen israelí en estos eventos “tiene consecuencias y efectos directos sobre la población civil, en tanto refuerza la brutal capacidad militar y destructiva del Ejército de Israel y, por tanto, se debe interrumpir dicha complicidad”.
La presencia de Israel en Feindef no es algo nuevo, ya que en la anterior edición de 2023 participaron dos de sus principales empresas armamentísticas, Rafael Advanced Defense Systems LTD y Elbit Systems LTD.
Se da la circunstancia, además, de que en el mes de abril del presente 2024, en pleno despliegue genocida de Israel en el que se han perpetrado ya cerca de 41.000 asesinatos, “Feindef también celebró un evento en Córdoba, contradiciendo declaraciones institucionales del Ayuntamiento de Córdoba en 2012, así como del Consejo de Gobierno de la Universidad de Córdoba que apoyaron el Tratado sobre el Comercio de Armas”.
Este tratado declara que un Estado en ningún caso autorizará cualquier transacción de armas ‘si en el momento de la autorización tiene conocimiento de que las armas o los elementos podrían utilizarse para cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad, infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 1949, ataques dirigidos contra bienes de carácter civil o personas civiles protegidas como tales u otros crímenes de guerra tipificados en los acuerdos internacionales en los que sea parte’.
La proposición no de ley registrada ahora reclama también al Gobierno que promueva “ante las administraciones autonómicas y municipales la elaboración de códigos éticos para regular la cesión de espacios públicos para la celebración de ferias, exposiciones y demás eventos del sector armamentístico o de seguridad con el objetivo de garantizar el respeto a la normativa estatal e internacional relacionada con el comercio de armas y los derechos humanos”.
