La coordinadora general de Más País Andalucía, Esperanza Gómez, ha anunciado que su formación ha presentado una pregunta parlamentaria ante la Mesa del Congreso, en la que se cuestiona al Gobierno por sus medidas para combatir la violencia laboral que sufren los ciudadanos extranjeros en nuestro país en el ámbito de la explotación agrícola.
En concreto, Gómez explica que el grupo parlamentario de Más País suscribe “una cuestión sobre el montante que destinará el Ejecutivo dentro de los Presupuestos Generales del Estado al refuerzo en Inspección de Trabajo en el ámbito rural, con el fin de controlar y detener estas prácticas abusivas por parte de grupos organizados y contar personas en situaciones de extrema vulnerabilidad”.
“Es urgente redoblar inspecciones de trabajo y recursos humanos y materiales destinados a estas labores en el mundo rural porque la realidad demuestra que está plagado de casos de explotación y condiciones de semi esclavitud de miles de personas”, lamenta Gómez.
Cabe recordar que el pasado 6 de octubre, la Policía Nacional detuvo a cinco integrantes de una familia por, presuntamente, abusar laboralmente de 32 ciudadanos extranjeros en la localidad sevillana de Carmona, además de obligarles a vivir hacinados en pisos de tres habitaciones, donde convivían 13 personas.
Por ello, bajo el rechazo de esta forma de neoesclativud, Más País ha interpelado sobre si la Inspección de Trabajo cuenta con efectivos suficientes para combatir y prevenir situaciones como las que sufren los ciudadanos que llegan a España en busca de un futuro.
Por último, la formación advierte que, desde el Servicio de Asistencia a Víctimas en Andalucía (SAVA), se está denunciando la falta de recursos que fuerzan, cada vez a más gente, a aceptar estas condiciones laborales, así como, se alerta que los delitos de explotación sexual y laboral aumentarán hasta un 200% a finales de año, con respecto a 2019.
De hecho, el pasado jueves, agentes de la Policía Nacional volvieron a desarticular una organización dedicada a la explotación laboral de inmigrantes en la provincia de Sevilla, en concreto en Écija, donde han sido detenidas cuatro personas que se dedicaban a captar y controlar a personas en situaciones desfavorecidas para su explotación en labores agrícolas.
