Olona denuncia a la alcaldesa de Salobreña por supuesto delito electoral

Macarena Olona, candidata de Vox a la Presidencia de la Junta de Andalucía, ha presentado este lunes 23 de mayo en la Comandancia de la Guardia Civil de Salobreña, localidad granadina, una denuncia contra la alcaldesa de la villa, María Eugenia Rufino, alcaldesa del PSOE, por la presunta  comisión de delito electoral, de prevaricación administrativa y de vulneración de los derechos fundamentales, tal y como lo ha hecho saber la formación de ultraderecha en una nota de prensa. 

En palabras de Olona, esto es un aspecto que "no ha importado ni al Ayuntamiento de Salobreña, ni a su alcaldesa, quienes han actuado movidos por intereses políticos". En la denuncia se especifica que se habría "utilizado torticeramente las instituciones y potestades públicas municipales, perjudicando gravemente la imagen, la honorabilidad y candidatura de la denunciante". 

Además, se le trataría de privar a la denunciante de un derecho fundamental, como sería el de voto, "reconocido en el artículo 23 de la Constitución española, dado que la baja en el padrón municipal comportaría la imposibilidad de participar con su voto en las próximas elecciones autonómicas andaluzas señaladas para el próximo 19 de junio de 2022".

Continúa explicando que, asimismo, "restringir su derecho fundamental a la libertad de residencia, según proclama el artículo 19 de la Constitución española". Como conclusión a la exposición detallada de motivos, ha agregado, "la alcaldesa denunciada no puede excusarse en el desconocimiento de la normativa aplicable a la regulación del empadronamiento, y protección de datos, que supone una flagrante infracción de normas de seguridad que pone en serio peligro la seguridad personal de la candidata".

"Todo ello, refrendado por los argumentos esgrimidos en la resolución dictada este mismo lunes por la Junta Electoral Provincial, que indica la absoluta legalidad de la actuación de la candidata", ha alegado.

Concluye explicando que, "cualquier obstáculo al reconocimiento de otra situación que la de la legalidad del empadronamiento supone una vulneración de derechos fundamentales por parte de sus promotores, además de actos delictivos".