Reducen 46% los procedimientos de las Comisiones Provinciales de Patrimonio
Gracias al llamado Plan Refuerzo, a comienzos de año se incorporarán once funcionarios del Cuerpo de Superior de Arquitectura y seis conservadores de Patrimonio Arqueológico.
El consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal, ha valorado en comisión parlamentaria como "muy positivo" el primer balance del Plan de Refuerzo puesto en marcha en las Comisiones Provinciales de Patrimonio Histórico para agilizar y reducir en tiempo la emisión de informes o autorizaciones desde la Delegaciones territoriales.
En concreto, se ha producido un descenso del 46,44% en el número global de procedimientos que existían acumulados en las delegaciones. Si en octubre de 2023 se contabilizaban 6.600 expedientes pendientes, la cifra se ha reducido a 3.500 a inicios de junio de este año.
A comienzos del año 2024 se incorporaron 17 funcionarios interinos; 11 del cuerpo de Arquitectura Superior y seis Conservadores del Patrimonio Arqueológico, cuya distribución por el territorio andaluz se ha llevado a cabo conforme a la carga de trabajo y los medios personales existentes en cada una de las Delegaciones territoriales. El plan seguirá vigente hasta, al menos, el próximo mes de octubre.
"Es un plan que resulta vital para garantizar la protección, conservación y valorización del patrimonio cultural en Andalucía. Con este esfuerzo no sólo preservamos la historia y nuestra identidad cultural, sino que también promovemos el desarrollo sostenible y el bienestar de nuestra comunidad". Existe una intensa actividad económica en los conjuntos históricos que se traduce en la solicitud de informes y autorizaciones de obras, a lo que tenemos que unir el despliegue de la energía solar fotovoltaica en Andalucía y la existencia de un número relevante de conjuntos históricos declarados que requieren la tramitación de planes especiales que han de ser informados.
Todo esto se ha traducido en un incremento de solicitud de informes y autorizaciones de intervención, así como en la tramitación de procedimientos de evaluación ambiental, en los cuales resulta preceptivo el informe de afección al patrimonio histórico, incluido el arqueológico.