El reciente debate sobre la convivencia segura entre humanos y perros, más allá de la nueva ley de bienestar animal, ha sido impulsado por los trágicos ataques caninos con víctimas mortales en Zamora y Murcia. Esta situación plantea preguntas cruciales, como si la raza de un perro lo hace más peligroso y qué factores determinan su sociabilidad.
La nueva ley de bienestar animal tenía como objetivo "desestigmatizar" a los perros catalogados como potencialmente peligrosos debido a sus características físicas, como su capacidad de mordida letal. Sin embargo, la mayoría de estos perros, según la consejera de Pequeños Animales del Consejo General de Colegios Veterinarios de España, María Luisa Fernández, son en realidad de buen carácter y se comportan de manera socialmente aceptable.
La normativa que regula a los perros potencialmente peligrosos no ha experimentado cambios, y la identificación se sigue basando en la raza, como se ha hecho desde 1999. El listado de razas incluye al Pit Bull Terrier, Staffordshire Bull Terrier, American Staffordshire Terrier, Rottweiler, Dogo Argentino, Fila Brasileiro, Tosa Inu y Akita Inu, con adiciones adicionales dependiendo de las comunidades autónomas.
Los perros de razas consideradas peligrosas deben llevar correa y bozal, tal como ha sido necesario hasta ahora, para garantizar la seguridad pública y evitar situaciones de riesgo. Según la Real Sociedad Canina de España, hay alrededor de 100,000 perros en el país que pertenecen a razas clasificadas como potencialmente peligrosas.
A pesar de la definición legal de un animal potencialmente peligroso basada en su raza, los profesionales del sector coinciden en que la agresividad de un perro es un fenómeno multifactorial que no se limita únicamente a su genética o raza. Por ejemplo, perros pequeños como chihuahuas o caniches pueden morder con más frecuencia que perros grandes, pero debido a su tamaño, las lesiones resultantes suelen ser menores.
El Ministerio de Derechos Sociales del Gobierno de coalición en funciones propone que se modifique la regulación de clasificación por razas y se evalúe la peligrosidad mediante un "test" de sociabilidad, realizado por especialistas veterinarios y educadores. Sin embargo, la comunidad veterinaria argumenta que estas pruebas serían difíciles de implementar y sus resultados inciertos debido a la influencia de múltiples factores.
La Real Sociedad Canina de España aboga por la cría responsable para mantener la predictibilidad en el comportamiento de las razas y fomenta una tenencia responsable de animales para prevenir ataques.
En última instancia, la Fiscalía de Medio Ambiente ha instado a los especialistas a actuar con cautela, reconociendo la complejidad de la situación y la necesidad de priorizar la seguridad de las víctimas de ataques por perros potencialmente peligrosos.