La supuesta afectada en el caso de Dani Alves, el futbolista brasileño detenido por acusaciones de violación desde el 20 de enero, ha decidido cambiar su postura y ya no renuncia a reclamar una compensación por daños y perjuicios.
La joven, que aún se encuentra de baja laboral y bajo tratamiento psicológico, informó a la jueza, a través de su abogada, su intención de revocar la renuncia que había expresado en su declaración del pasado 20 de enero. En esa ocasión, a pesar de que la jueza le recordó su derecho a reclamar, la joven insistió en que no deseaba ser indemnizada.
Según informa la periodista Mayka Navarro en La Vanguardia, la abogada de la supuesta víctima, Ester García, presentó un escrito el 4 de agosto comunicando la decisión de la joven. Esta decisión se ampara en la reforma legislativa de la 'ley del solo sí es sí', que permite a la víctima revocar la renuncia a la acción civil si las consecuencias del delito resultan más graves de lo previsto en el momento de la renuncia.
La magistrada del juzgado 15, Concepción Cantón, encargada de la instrucción del caso, aceptó la revocación de la renuncia a la indemnización después de recibir el escrito de la abogada de la víctima. Este cambio se produjo simultáneamente a las negociaciones entre la defensa de la presunta víctima y los abogados de Dani Alves, que buscaban un acuerdo de conformidad entre las partes. Dichas conversaciones, conocidas por la Fiscalía, no llegaron a materializarse y resultaron en un cambio de abogado para Dani Alves.
En el primer intento de acuerdo, se ofreció una cantidad inferior a la solicitada por la acusación, junto con la posibilidad de una condena de tres años para el futbolista. Se contempló el atenuante de reparación del daño, y Dani Alves debía admitir haber violado a la joven con penetración en la discoteca Sutton de Barcelona el 31 de diciembre de 2022. Sin embargo, el futbolista se negó a reconocer los hechos, lo que condujo al cambio de abogado, con Inés Guardiola asumiendo la defensa en lugar de Cristóbal Martell.
En este contexto, se ha vuelto a proponer a la presunta víctima el pago de la cantidad originalmente solicitada, aunque esta ya no aceptaría una condena inferior a cuatro años de prisión. A pesar de esta postura, ambas partes podrían estar interesadas en evitar el juicio, no descartándose un posible acuerdo de conformidad antes de la celebración del mismo.
