La Federación Española de Fútbol (RFEF) ha suspendido al director de la selección masculina, Albert Luque, y el exdirector de marketing Rubén Rivera, según ha podido confirmar RTVE de fuentes del organismo. Esta decisión se produce seis meses después de su imputación por el caso Rubiales y en un momento en el que la presión sobre el organismo crece por los útlimos escándalos.
La puntilla para los directivos ha llegado este miércoles justo después de que la Fiscalía haya hecho su petición de penas por el caso Rubiales, por el beso no consentido que el entonces presidente de la RFEF dio a Jenni Hermoso en la final del Mundial femenino.
El ministerio público ha pedido dos años y medio para Rubiales y un año y medio para sus colaboradores Luque, Rivera y el exseleccionador Jorge Vilda, en estos casos por presionar a la jugadora y su entorno para que exculpara a su jefe.
Rivera ya fue cesado como directivo, mientras que Luque se ha mantenido hasta ahora, pero su situación era insostenible después de que se haya visto salpicado en el último caso de presunta corrupción en la federación que investiga los contratos de la Supercopa en Arabia Saudí o contratos de obras.
Según informaciones de varios medios, Luque fue administrador de una empresa junto a una de las detenidas en la operación Brody, la mujer de un amigo íntimo de Luis Rubiales.
La RFEF irá "hasta el final" en el último escándalo
De hecho, este escándalo ha elevado mucho la presión sobre la propia Federación que dirige Pedro Rocha, el sucesor elegido por Luis Rubiales cuando este fue suspendido por la FIFA
Justo también este miércoles, la RFEF ha informado de que elevará a la Comisión Gestora la puesta en marcha de una "auditoria forense" para que investigue "cualquier tipo de contrato que pueda estar bajo sospecha por la actuación" de Rubiales.
En un comunicado, la RFEF muestra "su total desvinculación con las conductas y actuaciones irregulares de su expresidente y de todos aquellos que pudieran esta involucrados, así como incidir en que esta institución está muy por encima de sus dirigentes".
Ademas, precisa que "exigirá responsabilidades a los encargados de enviar la documentación requerida por los juzgados, si se confirma que incumplieron su obligación" y "depurará cualquier otra responsabilidad que pudiera derivarse ante conductas y decisiones irregulares". “Se llegará hasta el final en depurar cualquier responsabilidad existente”, añade.
