El Ministerio de Trabajo bonificará con 275 euros durante tres años la contratación fija de jóvenes menores de 30 años sin cualificación, uno de los nuevos incentivos al empleo contemplados en el decreto ley aprobado este martes, que simplifica las bonificaciones y elimina las reducciones existentes hasta ahora.
En la rueda de prensa tras al Consejo de Ministros, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha explicado que la norma entrará en vigor en septiembre de 2023 y solo incentivará los contratos indefinidos, conforme al espíritu de la reforma laboral.
Además, para contratos financiados mediante bonificaciones a la Seguridad Social se establece que el empleador deberá mantener a la persona trabajadora en situación de alta al menos tres años desde el inicio del contrato incentivado.
Según ha indicado Díaz, con la normativa aprobada este martes, "todo" el sistema de incentivos se dirige a fomentar la estabilidad del empleo, de forma que deja de "premiarse" la contratación temporal, salvo para los contratos de sustitución ligados a la conciliación de la vida laboral y familiar.
También se eliminan los incentivos a la conversión de contratos temporales en indefinidos, salvo para un único caso: la transformación de contratos eventuales en la agricultura en fijos discontinuos ordinarios, cuya cotización se bonificará durante tres años con 55 euros por mes, cifra que en el caso de las mujeres será de 73 euros.
Otra novedad es la bonificación de 138 euros al mes durante tres años por la contratación indefinida o la incorporación como persona socia en la cooperativa o sociedad de aquellas personas que realizan formación práctica en empresas. Esta bonificación se extenderá durante toda la vigencia del contrato si se trata de una persona con discapacidad.
Las empresas que vayan a trasladar su actividad industrial (productiva o de negocio) a territorios que no formen parte de la Unión Europea tendrán que devolver todas las bonificaciones a la Seguridad Social realizadas durante los cuatro años inmediatamente anteriores a la deslocalización, así como las subvenciones recibidas.
Con respecto a la contratación a tiempo parcial, las cuantías se reducirán proporcionalmente en función de la jornada establecida, aunque no se incentivarán las jornadas parciales inferiores al 50% de la jornada a tiempo completo de una persona trabajadora, salvo en los supuestos de permisos por conciliación.
Con esta norma, Trabajo también pretende dar una mayor relevancia a la negociación colectiva en materia de empleo, previendo la posibilidad de incentivar las medidas pactadas que incluyan compromisos de mejora o incremento del empleo, con la posibilidad de incorporar estos acuerdos como criterio en la contratación en el ámbito del sector público.
La bonificación prevista en la actualidad por la contratación indefinida de personas en situación de exclusión social se eleva de 55 a 128 euros al mes, igualándose así a la establecida por la contratación indefinida de otros colectivos vulnerables. Las bonificaciones derivadas de las sustituciones se limitan para determinados supuestos a la contratación de personas jóvenes y su duración se ha ajustado a la que pudieran tener los propios contratos de sustitución.
La contratación fija de parados de larga duración (110 euros al mes) se eleva hasta los 128 euros al mes si la persona contratada es mujer y también si tiene 45 o más años. Los beneficios en las cuotas de la Seguridad Social previstos por la transformación en indefinidos de contratos formativos también tienen novedades derivadas de la unificación de su regulación e incrementan su cuantía un 200% para igualarla a la prevista por la transformación en indefinido del contrato de formación en alternancia.
Además, se elimina de la norma que solo puedan beneficiarse de esta bonificación las empresas con menos de 50 trabajadores en alta, como sucede actualmente.
Por otro lado, sube a bonificación para trabajadores que presten actividad en determinados sectores de Ceuta y Melilla del 50 % actual a una cuantía fija equivalente al 75% de la cotización, y se vincula al desarrollo de acciones formativas para las personas cuyos contratos se bonifican