El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha solicitado información al Observatorio de la Cadena Alimentaria para controlar que la ampliación del IVA reducido, que ha entrado este viernes en vigor para la alimentación, no sea utilizada por empresas para aumentar su margen de beneficio, lo que perjudicaría a los consumidores.
La Dirección General de Consumo ha remitido una carta al Observatorio para pedir que se envíen "datos actualizados y con mayor periodicidad sobre las irregularidades de este tipo que puedan producirse" ante las denuncias de asociaciones de consumidores y usuarios sobre incrementos en los márgenes de beneficios dentro de la distribución minorista, principalmente en alimentos como el aceite de oliva, y en frutas y verduras. Estas denuncias han sido trasladadas al Observatorio de la Cadena Alimentaria, como autoridad competente de inspección en esta materia.
El ministerio que dirige Pablo Bustinduy ha recordado que esta práctica va en contra de lo estipulado en la medida y reclama que se les traslade una información puntual sobre este tipo de prácticas para que la Dirección General de Consumo pueda poner en marcha "su labor sancionadora ante potenciales incumplimientos, y generar así efectos disuasorios, además de garantizar que las personas consumidoras sean beneficiadas por esta medida".
La aplicación temporal del tipo impositivo reducido del IVA prohíbe expresamente que esta reducción pueda dedicarse total o parcialmente a incrementar el margen de beneficio empresarial. Por esta razón, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha mostrado su colaboración al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para "combatir estas prácticas que van en perjuicio de los consumidores, y ha puesto en valor el trabajo del Observatorio de la Cadena Alimentaria en la vigilancia de este tipo de prácticas".
