En el contexto de la Declaración de la Renta, donde cada contribuyente rinde cuentas meticulosamente, algunos sienten que Hacienda no siempre es imparcial en su evaluación. La percepción común es que la Agencia Tributaria examina cada error como un intento consciente de eludir obligaciones, ejerciendo su autoridad sin miramientos.
Sin embargo, una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha desafiado este enfoque, destacando una historia de abuso de poder. El caso involucra a un contribuyente multado con 73.000 euros por presuntos errores en las declaraciones del IRPF de los años 2014, 2015 y 2016 relacionados con la venta de su participación en una sociedad conjunta con su esposa.
El tribunal ha dictaminado en contra de Hacienda, exigiendo que demuestre la culpabilidad del acusado y cuestionando la práctica de asumir intenciones fraudulentas sin evidencia sólida. La sentencia subraya que "no todo incumplimiento de la normativa es suficiente para atribuir al contribuyente un ánimo incumplidor".
Este veredicto destaca una tendencia hacia la rendición de cuentas por parte de la Agencia Tributaria, recordándole que los contribuyentes también tienen el "derecho al error". La decisión del tribunal destaca la importancia de que la Administración demuestre la intención de defraudar en lugar de presuponerla sin base sólida. Este caso refleja un paso hacia la rendición de cuentas y la equidad en la relación entre los contribuyentes y la Hacienda.