El número de mujeres en puestos de responsabilidad en la Administración se ha incrementado entre 2015 y 2020 en 14 puntos porcentuales, hasta casi el 43 %, lo que sitúa a España como el segundo país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que más ha crecido, tan solo por detrás de Eslovaquia (15 %).
En su informe bienal sobre la acción de los gobiernos de los países miembros, presentado este viernes, la organización explica que España ha conseguido superar la media de los países miembros, que era el pasado año del 37 %, cinco puntos más que en 2015. Dicho porcentaje ha aumentado desde 2015 en la mayoría de esos estados, salvo en Francia, México, Polonia y Lituania, donde ha disminuido ligeramente.
“Las políticas que apuntan al equilibrio de género en los niveles más altos de la administración, como el desarrollo de una estrategia de diversidad o el establecimiento de objetivos de contratación de mujeres, pueden atraer a más mujeres a estos roles”, apunta la OCDE en su informe, lo que a su vez “contribuirá a una formulación de políticas más sensible al género”.
El organismo también destaca que existen notables diferencias entre sus miembros. Mientras que en Letonia, Suecia, Grecia o Nueva Zelanda el porcentaje de mujeres en puestos de responsabilidad en la Administración superaba el 50 %; en Lituania, Luxemburgo, México, Suiza y Bélgica las mujeres representaban solo entre el 20 y el 30 % de la alta función pública, y en Corea del Sur y Japón ni siquiera llegaban al 10 %.
Mayor participación en el Gobierno y en el Parlamento
La OCDE también destaca que España es uno de los países en los que se hay actualmente gobiernos prácticamente paritarios, como en Finlandia y Francia, con una evolución significativa en los últimos años. En el caso español, el Ejecutivo cuenta con cuatro vicepresidentas y nueve ministras.
Austria, Bélgica y Estados Unidos también han logrado avances notables en la representación de las mujeres en puestos ministeriales, con aumentos de más de 29 puntos porcentuales desde 2017, mientras que Hungría, Corea y Portugal vieron aumentos algo menores, de más de 18 puntos. “En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, esto puede correlacionarse con el compromiso del Presidente de nombrar un gabinete y un liderazgo diverso”, señala el informe.
A pesar de esta mejora general, varios países han experimentado retrocesos. Entre 2017 y 2021, la participación de las mujeres en los puestos del gabinete fue la que más cayó en Eslovenia (31,3 p.p.), Polonia (17,9 p.p.) y Estonia (14,3 p.p.) (Figura 3.11). En suma, la media en la OCDE ha aumentado hasta el 34 %, frente al 28 % en 2017.
Otra muestra del aumento de la participación femenina en la política son los parlamentos, con un 32 % de media de mujeres ahora, comparado con el 26 % hace una década. España se sitúa entre los primeros de la lista con el 44 %. Únicamente le superan Noruega (44,4 %), Finlandia (46 %), Suecia (47 %), México (48,2 %) y Nueva Zelanda (48,3 %).
Mucho camino aún por recorrer, según la OCDE
La OCDE subraya en su informe que es fundamental reforzar la representación y la participación en los asuntos públicos de la población "de una forma transparente y justa", y eso pasa por reforzar el peso de jóvenes, mujeres y otros colectivos que están infrarrepresentados.
“Garantizar que las direcciones de las administraciones públicas y los parlamentos reflejen las poblaciones a las que sirven -incluida su composición de género- puede contribuir a la equidad y la capacidad de respuesta de estas instituciones”, apunta, para después señalar que, a pesar de esto, queda mucho camino por recorrer. “Lograr la igualdad de género en la política requiere algo más que las mujeres y los hombres tengan la misma proporción de escaños parlamentarios y puestos ministeriales”.
A su juicio, “requiere que las mujeres y los hombres de todos los orígenes tengan el mismo acceso a esos puestos y puedan participar posteriormente en la toma de decisiones en igualdad de condiciones”. Así, para lograrlo, el organismo dirigido por el belga Mathias Cormann recomienda “crear entornos de trabajo inclusivos, facilitar la igualdad de acceso a las funciones de liderazgo y eliminar los obstáculos socioeconómicos a la participación política”.
