Muchos jóvenes no pueden comprarse una casa o un piso porque tienen pocos ahorros. Para resolver esa situación, actualmente se debate si sería conveniente que el Estado les avalara para facilitarles el acceso a la vivienda: lo han pedido el Banco Santander, la Asociación de Promotores Constructores de España o, más recientemente, el Partido Popular, que pretende llevar la propuesta al Congreso de los Diputados. Con ese aval, los bancos podrían financiar hasta el 100% del precio de la vivienda en vez del habitual 80%, por lo que los jóvenes no tendrían que aportar el 20% restante.
Pero ¿sería conveniente esta medida? Estos avales públicos sobre hipotecas para jóvenes tendrían una buena acogida y facilitarían la compra a muchos millennials que, pese a tener un buen trabajo, aún no cuentan con mucho dinero ahorrado. Es la conclusión a la que ha llegado el comparador financiero HelpMycash.com tras consultar a economistas y a potenciales compradores.
Aval solo de una parte de la hipoteca
El Partido Popular (PP) es la última organización que se ha mostrado partidaria de adoptar esta medida. Su propuesta es que el Estado conceda un aval a los jóvenes que cubra el 20% de la hipoteca que pidan. De este modo, el banco les podría prestar hasta el 100% del coste de la vivienda, en vez del habitual 80%. Cabe destacar que en la Región de Murcia, donde gobierna este partido, ya se dan estos avales públicos.
Ahora bien, ¿qué ocurriría si el joven avalado no pudiera pagar su hipoteca? En ese caso, el Estado sería responsable de pagar al banco el 20% del importe pendiente (la cantidad avalada). El PP no ha especificado todavía hasta cuándo debería responsabilizarse el Estado del posible impago del crédito, pero, según HelpMyCash, probablemente se eliminarían cuando el titular hubiese devuelto el 20% del capital prestado.
Esta es, de hecho, una fórmula similar a la que usa Banco Santander para financiar más del 80% de la compra a los jóvenes. Esta entidad presta el 95% de lo que cuesta la vivienda si el solicitante cuenta con el aval de sus padres o de otra tercera persona. Y una vez transcurridos cinco años desde la firma de la hipoteca, ese aval se suprime automáticamente.
Habría que establecer unos requisitos adecuados
Consultado por HelpMyCash, el profesor y redactor de Economipedia David López Cabia afirma que, en caso de aprobar esta medida, “es fundamental que queden bien delimitados los criterios económicos que se exigirá a los jóvenes para acceder a esta ayuda”. Esto pasaría por aprobarles el aval única y exclusivamente si cumplieran los requisitos que los bancos suelen pedir para dar hipotecas: que su trabajo sea estable y con cierta antigüedad, que sus ingresos sean suficientes para pagar las cuotas y que tengan poco endeudamiento previo.
Habría que definir también qué edad deberían tener los jóvenes para acceder a la ayuda. Según el PP, la franja sería de 18 a 35 años, aunque en Murcia la limita a solicitantes de hasta 34 años. Fuentes financieras consultadas por HelpMyCash, sin embargo, consideran que sería conveniente aumentarla hasta los 37 años, pues la inestabilidad laboral también impide ahorrar a muchas personas de esa edad.
Asimismo, en caso de que el Estado quisiera limitar el precio del inmueble que podría financiarse con su aval, sería aconsejable que tuviera en cuenta la realidad del mercado inmobiliario en cada comunidad autónoma. Y es que los precios pueden variar mucho de una región a otra: en la Comunidad de Madrid o en Cataluña, por ejemplo, las viviendas son mucho más caras que en Aragón o en Andalucía.
La gestión debería ser ágil
Para que la medida fuera efectiva, también sería importante que pudiera solicitarse con facilidad. El redactor jefe de Economipedia, Francisco Coll Morales, explica a HelpMyCash que habría que “dotar al órgano administrativo responsable de aprobar estos avales con recursos para gestionar de forma eficiente este tipo de políticas”. Esto implicaría, por ejemplo, crear oficinas específicas que asesoraran a los jóvenes que quisieran pedir esta ayuda.
Los jóvenes consultados por HelpMyCash van más allá: consideran que debería ser el banco el que gestionara la solicitud del aval del Estado a petición del joven. En ese sentido, manifiestan que “los trámites deberían ser sencillos para no marear demasiado a los que necesitamos acceder a esta medida”.
