El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este viernes, 2 de agosto, la ley que crea la nueva autoridad independiente para la investigación técnica de accidentes e incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil.
La nueva entidad, que oficialmente entrará en vigor en veinte días, aunará las funciones de las tres comisiones que existían para la investigación de accidentes e incidentes adscritas al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Estas son la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, la Comisión Permanente de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos y la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil.
La Autoridad tendrá un consejo de administración compuesto por seis consejeros, a los que corresponderá la aprobación de los informes finales de investigación, y estará formado por un presidente y seis consejeros. La persona que ostente la presidencia tendrá rango de subsecretario y los consejeros y consejeras tendrán la condición de altos cargos de la Administración General del Estado.
Los miembros del consejo serán nombrados por real decreto, a propuesta del ministro de Transportes, entre profesionales de acreditada cualificación profesional en el ámbito de actuación de la Autoridad. Así, dos de los consejeros deben ser expertos en el sector marítimo, dos en el aéreo y otros dos en el ferroviario.
La financiación de la entidad será independiente, aunque en principio el Ministerio le asignará un presupuesto, con la posterior recaudación de las tasas ya existentes: en el caso del medio aéreo con la tasa de seguridad aérea, en el ferroviario con la financiación de actividades en materia de seguridad y el marítimo con la tasa de ayudas a la navegación.
Durante su tramitación parlamentaria, el texto incluyó una disposición para respetar las competencias autonómicas, de modo que la autoridad atenderá la solicitud de investigación que le formule la comunidad autónoma competente, para después establecer un mecanismo permanente de enlace, notificación y coordinación entre la entidad y la autonomía.
EL GOBIERNO APROVECHÓ PARA DAR MÁS MARGEN DE DEUDA A RENFE Y ADIF
La entidad en sí no generó discrepancias entre los diferentes grupos parlamentarios durante su tramitación, pero sí una enmienda pactada entre PSOE, Sumar y Esquerra Republicana (ERC) para aumentar hasta los 880,6 millones de euros el límite de endeudamiento de Renfe Operadora para este año.
Ese cambio legal, que se suele fijar en los Presupuestos Generales, provocó que el PP votara en contra de la norma en la Cámara Baja, aunque no evitó su aprobación gracias a la abstención de Vox y el voto favorable del resto de la Cámara.
Además de ese incremento para Renfe, la ley también da a Adif Alta-Velocidad 558 millones de euros adicionales de límite de deuda, operación que también se fija en las cuentas públicas. En el caso de Adif, los recursos sólo se pueden destinar a deudas a largo plazo, pero en Renfe el dinero sirve para deudas a corto y largo plazo.
