El PP pide la comparecencia de Renfe y Adif por las incidencias ferroviarias
El Grupo Parlamentario Popular ha solicitado este sábado las comparecencias de los presidentes de Renfe y Adif, Raül Blanco y Ángel Contreras, respectivamente, por las incidencias registradas en la red de transporte ferroviario.
La formación azul ha cifrado en una nota de prensa que, entre el 3 y el 13 de junio, se han producido más de 338 incidencias, afectando a más de 67.500 pasajeros que han derivado en más de 10.300 indemnizaciones.
Asimismo, el PP ha presentado junto a esta medida una batería de preguntas para que el Gobierno informe de la consecuencias de su "falta de acción, inversión y mantenimiento de la red ferroviaria".
Esta acción se enmarca en la iniciada el pasado 20 de mayo por las comunidades autónomas gobernadas por el PP y por la que se pidió al ministro de Transportes, Óscar Puente, que convocase la conferencia sectorial para abordar el "lamentable estado" de la red ferroviaria y las "continuas incidencias" que se producen.
En su misiva, los ejecutivos autonómicos gobernados por el PP argumentaron que se venían observando desde hace varios meses "incidencias constantes y recurrentes en determinados servicios ferroviarios" sin que se haya producido" una explicación rigurosa de lo ocurrido y sin que se adopten medidas".
Sobre este punto, el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha incidido que el papel de Puente es un "escándalo" y ha rematado que "es evidente que el Gobierno no gobierna".
"Debido a su incapacidad [del Gobierno] de aprobar presupuestos, las partidas de inversión y mantenimiento de la red ferroviaria se han vistos seriamente afectadas", ha añadido Bravo.
CAMBIOS EN LA POLÍTICA DE PUNTUALIDAD
Por otra parte, el PP ha cargado contra el anuncio de Renfe de modificar las condiciones de su compromiso de puntualidad y su política de devoluciones en los servicios ferroviarios.
En concreto, Renfe ha eliminado las indemnizaciones que hasta ahora ofrecía por retrasos de 15 y 30 minutos en los AVE, y a partir de julio solo indemnizará los retrasos de un mínimo de 60 minutos, limitándose así a cumplir con la normativa española.
Hasta ahora, Renfe destacaba entre todos los operadores por ofrecer un compromiso de puntualidad muy superior al mínimo exigido por la legislación, devolviendo el 50% del billete por un retraso superior a los 15 minutos y el 100% si el tren llegaba más de 30 minutos tarde.
A partir del próximo 1 de julio, según informó el operador el pasado jueves con motivo de la actualización de su compromiso de puntualidad, para recibir el 50% del precio del billete, la demora tendrá que ser igual o superior a 60 minutos, mientras que para recibir el 100% se tendrá que retrasar más de 90 minutos.
Sobre esta serie de modificaciones, Bravo ha puesto el foco en que suponen "un empeoramiento del compromiso de puntualidad" y ha enmarcado que "en lugar de arreglar el problema, que es para lo que les pagan, se dedican a cargar sobre los usuarios su incompetencia".
El PP ha presentado una batería de preguntas para conocer si esta medida está basada en informes técnicos, si es transitoria o permanente y cuáles son los retrasos, tiempo medio de los mismos e importes de devoluciones e indemnizaciones de los últimos 6 años para evaluar correctamente la cuestión.
COMPARECENCIA DE HEREU POR LA DIMISIÓN DEL PRESIDENTE DE ANFAC
El PP ha adelantado que pedirá la comparecencia del ministro de Industria, Jordi Hereu, para que dé explicaciones sobre la dimisión del presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac, patronal del sector automovilístico), Wayne Griffiths.
Para las populares, la dimisión de Griffiths se produce por "la falta de compromiso" con el sector", en tanto que el propio Griffiths, que ejerce el cargo de presidente ejecutivo de Seat/Cupra, achacó su decisión de renunciar al puesto de Anfac por la "inacción del Gobierno en favor de la electrificación".
Las comunidades gobernadas por el PP, en su carta del pasado 20 de mayo, también solicitaron abordar el mapa concesional de transporte por carretera, ya que "supone recortes en las prestaciones comprometidas hasta ahora".