El Consejo de Ministro ha dado luz verde este martes a la nueva ley contra el desperdicio de alimentos en España, focalizado en el que se produce en bares, restaurantes y supermercados. Una nueva ley que les obligará a los establecimientos a avisar que los clientes se podrán llevar las sobras de los alimentos. Una ley que de incumplirse podría castigar con multas de hasta 60.000 euros a los que la incumplan.
El objetivo de esta ley es claro, reducir la cantidad de comida que se acaba tirando y desperdiciando en estos establecimientos, que en muchas ocasiones están hasta en buen estado. El texto se prevé que entrará en vigor el próximo enero de 2023. Con dicha ley, España se convertirá en el tercer país europeo en prevenir el desperdicio de alimentos de esta manera, tal y como ocurre en Francia e Italia.
"Con esta ley se pretende regular y concienciar el uso preferente de los alimentos y su donación a los bancos de alimentos", ha dicho el ministro de Agricultura, Luis Planas. Pero, específicamente, ¿Cuáles son las medidas que llevará a cabo esta ley y que todos los establecimientos deberán de cumplir?
Medidas que incluye la ley
- Las empresas estarán obligadas a suscribir convenios con las organizaciones receptoras que especifiquen las condiciones de recogida, almacenamiento y transporte.
- La empresas deberán informar anualmente cuantos alimentos desperdician.
- Los restaurantes deberán notificar a los consumidores que pueden llevarse sus sobras. Además, el local ofrecerá tuppers reciclables o reutilizables para llevar la comida o permitirá al individuo traer su propio envase.
- La empresa deberá de incentivar con precios menores la venta de productos con una fecha de caducidad próxima.
- Las tiendas de menos de 1.300 metros cuadrados estarán excluidas del plan.
La sanciones por no cumplir algunas de las medidas anteriormente mencionadas llevará a multas por dicha infracción ya sea leves, llegando a los 2.001 euros, hasta infracciones graves de unos 60.000 euros, si las infracciones son continuas y repetidas. Si las empresas con estos castigos continúan infringiendo la ley, la multa podría llegar a ascender en caso extremo hasta los 500.000 euros.
