La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha avanzado este jueves que el bono joven para el alquiler de 250 euros mensuales estará limitado por el precio del alquiler, con rentas mensuales en torno a los 600 euros, y se destinará a jóvenes de entre 18 y 35 con trabajo que no perciban un salario anual superior a los 23.725 euros, tres veces y media el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem).
"Va dirigido a jóvenes que estén en un dintel de salarios del Iprem vulnerable, con una ayuda mensual en torno a esos 250 euros y será objeto de desarrollo de una reglamentación posterior cuando se presente", ha expresado Montero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario de este jueves en el que el Ejecutivo ha aprobado el proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022, donde se incluye dicho bono con una partida de 200 millones de euros.
Esta medida se dirige a jóvenes de entre 18 y 35 años a los que sus salarios "precarios", en palabras del Gobierno, no les permiten acceder al alquiler, sobre todo en zonas tensionadas y grandes ciudades. Además, Montero precisó que también se plantean elementos para que la existencia de esta ayuda "no provoque el efecto indirecto y genere un aumento de los alquileres".
El Gobierno va a destinar en los Presupuestos del próximo año 200 millones de euros a financiar este bono joven que, según Montero, servirá para mejorar la emancipación de un colectivo que, a pesar de tener trabajo, no puede acceder a la vivienda.
Además de este apoyo para los jóvenes, el Ejecutivo prepara también una Ley de Vivienda, de la que todavía se conocen pocos detalles, a la espera de que se presente el texto final. Desde el Gobierno han insistido en que se trata de un avance para convertir la vivienda en "un derecho de los ciudadanos y, sobre todo, de los jóvenes".
"No sabemos cuándo vendrá. Va a ser muy rápido, se lleva trabajando mucho tiempo, pero el Consejo de Ministros no le ha puesto fecha. Se conocen dos o tres cuestiones residuales, pero lo importante son las medidas", ha dicho Montero en la rueda de prensa.
La ministra se ha referido a la futura normativa como "una ley preciosa" y ha criticado a los que se declaran "insumisos con leyes que no conocen". Desde la oposición, el líder del Partido Popular, Pablo Casado, ya ha anunciado que llevará esta medida al Tribunal Constitucional, mientras que el alcalde de Madrid, el también 'popular' José Luis Martínez Almeida, ha comentado que no aplicará las medidas.
La negativa de Almeida, así como de cualquier otro municipio o comunidad autónoma que quiera hacerlo, será posible gracias a que la Ley de Vivienda delegará varias competencias en las autoridades locales.
CRÍTICAS AL PP POR SU RECHAZO
En este sentido, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha insistido en que "se va a respetar la autonomía" y se va a "velar por las competencias" autonómicas y locales, pero indicó que, a pesar de ello, espera que sean "pocas" las comunidades autónomas que se opongan a su aplicación y ha señalado que quienes lo hagan, tendrán que responder ante sus ciudadanos.
"Es la primera ley de carácter estatal en nuestro país que viene a regular un derecho constitucional", ha añadido la portavoz. Al igual que Montero, Rodríguez se ha mostrado "sorprendida" por el cuestionamiento de esta futura ley por parte de la oposición y por la intención de llevarla al Constitucional "con carácter preventivo".
"Los que hoy dicen que no la aplicarán o la recurrirán, no creo que vayan a ser capaces después de decir a los ciudadanos que no la van a aplicar, me atrevo a decir que no serán tantos", reiteró Rodríguez.
