El problema no es únicamente económico, como podemos esperar de la ausencia de reparaciones en infraestructuras que tratan esta temática, y es que son nueve las aglomeraciones urbanas, más de 350.000 personas, las afectadas por las aguas residuales sin depurar desde hace ya años.
Asimismo, desde un punto de vista económico, la deuda, comenzada en julio de 2018 y que es considerada como la mayor multa de la UE a la que ha tenido que hacer frente España desde que se unió a esta, seguirá aumentando algo más de 10 millones de euros cada semestre hasta finalizar las obras y dar parte a Bruselas. La finalización, según cálculos del Ministerio para la Transición Ecológica, tendrá lugar, con las infraestructuras totalmente optimizadas y funcionales, hacia 2024 o 2025.
El director general del Agua de este ministerio, Teodoro Estrela, espera reducir a la mitad la sanción al tener listas dos de las depuradoras, la de Gijón Este y la de Nerja en el primer trimestre de 2022, con lo que la deuda final quedaría en unos 80 millones aproximadamente. Por ahora, la única estación que se ha logrado que sea funcional es la de Tarifa, en Cádiz, que trata las aguas residuales de 20.000 habitantes. Las demás se enfrentan a planos de lentitud burocrática y dificultades prácticas mientras la multa sigue creciendo. Se trata de las de Matalascañas, en Huelva, Alhaurín el Grande, en Málaga, Isla Cristina, en Huelva, Coín, en Málaga, Barbate, en Cádiz, Nerja, en Málaga, Gijón Este y Valle de Güímar, en Santa Cruz de Tenerife.
El comienzo de la sanción fecha en el 31 de diciembre del año 2000, cuando todas las aglomeraciones de más de 15.000 habitantes de la Unión Europea "debían depurar correctamente sus aguas según una directiva". Más de dos décadas después, todavía quedan estos ocho núcleos de más de 15.000 habitantes sin tratar correctamente sus aguas, algo que afecta al buen estado de los ríos y mares donde se realizan los vertidos.
Las competencias sobre la depuración de aguas son de las administraciones locales. Pero cuando los Ayuntamientos o mancomunidades no pueden afrontar los gastos, las comunidades autónomas suelen asumir las obras.
Es el caso en cuatro de los ocho casos afectados por esta deuda europea, donde se están encargando sus respectivas comunidades autónomas junto con el Estado. Las otras cuatro depuradoras han sido declaradas de interés general, una figura que el actual equipo del ministerio cuestiona ahora. Pues a veces estos casos se enfrentan a retrasos por la dificultad de recuperar costes y que acaban cargando a otros municipios con escasos recursos. En otros casos, existen problemas en la tramitación de unos proyectos que terminan en los tribunales. “La gente no quiere tener una depuradora al lado de su casa y recurre”, pone como ejemplo Estrela. En cualquier caso, el Tribunal de Justicia de la UE subrayaba en su sentencia de julio de 2018 que “las dificultades jurídicas y económicas internas que España” invocaba “para justificar su retraso en la ejecución” de las obras “no le eximen de las obligaciones derivadas del derecho de la Unión”.
Amplio incumplimiento
Cuando se consiga que entren en funcionamiento las depuradoras de las ocho aglomeraciones por las que España fue condenada en 2018, el problema general no estará ni cerca de solucionarse. La normativa europea establece que las 2.059 aglomeraciones urbanas de más de 2.000 habitantes de España deben tratar correctamente sus aguas residuales. Pero, según el actual plan nacional de depuración, aprobado el pasado julio, 516 no cumplen con lo que establecen las directivas de aguas, es decir, el 25% del total. Por este motivo, España tiene abiertos cinco expedientes europeos actualmente, a los que podría añadirse otro en poco tiempo, que también pueden acabar en sanciones millonarias si continúan los incumplimientos.
Estrela explica que los problemas se encuentran en las aglomeraciones más pequeñas, las de entre 2.000 y 5.000 habitantes, que no cuentan con suficientes recursos para afrontar la construcción de las depuradoras y su mantenimiento. El objetivo es que en 2027 España cumpla con lo establecido por Bruselas.
El director general del Agua del ministerio considera que los fondos de recuperación europeos pueden suponer una oportunidad para acelerar las obras de depuración. Pero aboga por un cambio en el modelo que se ha empleado hasta ahora, el de declarar las obras de interés general para que las asuma el Estado aunque no sea algo de su competencia. La nueva vía pasaría por abrir una línea de subvenciones para que sean los municipios los que ejecuten las obras y afronten el mantenimiento de las depuradoras que faltan con esa ayuda pública.
