La Fundación CERMI Mujeres (FCM) ha alertado de que una de cada diez víctimas mortales de violencia de género en 2023 (un 10,3%) tenía alguna discapacidad, lo que supone un incremento de cuatro puntos porcentuales con respecto al año anterior. Este porcentaje es similar (9,8%) si se observa el periodo de 2012 a 2023, con un total de 62 mujeres con discapacidad asesinadas a manos de sus parejas o exparejas de un total de 635 víctimas mortales, según los datos recopilados por CERMI Mujeres.
Así se ha pronunciado la entidad tras analizar el XVII Informe Anual del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer presentado y aprobado el pasado 17 de diciembre de 2024 en la convocatoria ordinaria del Pleno del Observatorio, del que CERMI Mujeres forma parte en calidad de vocal.
La entidad ha recordado que, de acuerdo con el reciente documento, el número de mujeres víctimas mortales por violencia contra la mujer por razón de género durante el año 2023 fue de 58, de las cuales seis tenían reconocido algún tipo de discapacidad, suponiendo un aumento en comparación con el año anterior (tres mujeres con discapacidad, de un total de 49 mujeres asesinadas en 2022).
Así, señalan que los datos del año 2023 se traducen en un 10,3% de mujeres con discapacidad del total de las víctimas, frente al 6,1% registrado en el año 2022.
Además, entre otros datos del informe, CERMI Mujeres destaca que que en el periodo 2012-2023, un total de 62 mujeres con discapacidad perdieron la vida a manos de sus parejas o exparejas de un total de 635 mujeres víctimas mortales, representando un 9,8% de ese cómputo total.
Entre otros datos, también señala que actualmente son 9.161 las mujeres con discapacidad víctimas de violencia que son preceptoras de la renta activa de inserción, como consecuencia de la situación de desempleo en la que se encuentran, o que, entre las 18.464 victimizaciones de mujeres por delitos contra la libertad e indemnidad sexual, se incluyen 275 por delitos de corrupción de personas menores de edad o personas con discapacidad.
Ante estos datos, desde la Fundación CERMI Mujeres urgen a poner el foco sobre el incremento y la prevalencia de las distintas formas y manifestaciones de violencia que se ejercen contra las mujeres con discapacidad, "otorgando una mayor visibilidad a su realidad y adoptando políticas públicas que tengan en consideración sus necesidades específicas y las formas agravadas de violencia que sufren".
En todo caso, la entidad ha celebrado la incorporación de la variable de discapacidad al Informe, incluyendo tanto a las mujeres víctimas que tienen la discapacidad reconocida en los registros del IMSERSO o del INSS, como a las que figuran como tales en los datos recogidos por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, aunque carezcan de reconocimiento oficial.
Por otra parte, y a pesar de que, según señala, en el Informe se destaca la accesibilidad del servicio 016, CERMI Mujeres señala "la urgencia de orientaciones claras y auditorias efectivas de los servicios especializados de violencia de género como único camino para atender a las necesidades de estas mujeres, y de evitar, además, la doble victimización que supone para ellas no sólo la violencia a la que son sometidas, sino también esa falta de accesibilidad de los servicios especializados".
Igualmente, sobre el aumento de las competencias atribuidas a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer como consecuencia de la reforma del artículo 89 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, CERMI Mujeres ha advertido de que no ha ido acompañado de "un refuerzo presupuestario correlativo, ni un incremento del número de Juzgados" por lo que advierte de que "conducirá, irremediablemente, a un colapso de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer".
