Abogados Cristianos interpone una querella contra el Tribunal Constitucional por aprobar la Ley del aborto en 2010
Abogados Cristianos ha presentado este miércoles una querella contra el magistrado del Tribunal Constitucional (TC) Andrés Ollero, responsable de la resolución del recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP en 2010, contra la Ley del aborto aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, la ley de plazos que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo (IVE).
Esta entidad, en concreto, acusa al magistrado, como responsable de esta resolución de un "retardo malicioso" tras 11 años "sin hacer nada". Además, tal y como ha señalado la portavoz de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, hacen responsable a Ollero de "la vida de miles de bebés y de muchas madres".
En declaraciones a los medios, Castellanos ha explicado que, en 2010, el TC decidió no suspender cautelarmente la aplicación de la norma, como pedía el PP en su recurso, atendiendo a que se iba a dar "especial urgencia" a la resolución. Una decisión que, según insisten, no ha llegado tras más de una década.
Las consecuencias de esta situación, tal y como ha explicado la portavoz de la entidad, son "la muerte miles de niños", también "de mujeres" y que el Gobierno intenta "avanzar todavía más" en la "agenda ideológica" del Ejecutivo reformando esta norma que, según ha indicado Castellanos, "es ilegal" y "no pretende ayudar a las mujeres" sino "seguir engordando de dinero a los empresarios del aborto".
UN "ATENTADO" CONTRA EL DERECHO A LA VIDA
A su juicio, este es el fin de las nuevas medidas anunciadas por al ministra de Igualdad, Irene Montero, para reformar este texto. "Pretenden acabar con la objeción de conciencia, pretenden acabar con el plazo espera y pretenden que las menores de 16 años puedan abortar sin el consentimiento paterno", ha señalado Castellanos.
"Es un fraude, es además un atentado contra el derecho a la vida y va en contra la ley", ha insistido la abogada, quien ha reiterado que esta medida no pretende "ayudar a las mujeres". Así, ha indicado que los centros abortistas reciben 40 millones de euros, un dinero que, en su opinión, debería ser "para las mujeres".
"Por lo tanto, esta especial urgencia que dijeron que se iba a dar, y que no se han dado, es un delito, es un retardo malicioso y por eso hemos puesto una querella contra el magistrado ponente del TC", ha indicado.
En la querella presentada por Abogados Cristianos, recogida por Europa Press, se solicita una pena para el magistrado Ollero de "inhabilitación para empleo o cargo público por tiempo de seis meses", así como "las correspondientes costas, incluidas las de la acusación particular".