La niña, de once años, había denunciado previamente el maltrato en 2018, pero ambos progenitores compartían la custodia. Sin embargo, la menor expresaba sentirse "atemorizada" cuando le tocaba estar con su padre, según informes de especialistas que indicaban "temores generalizados".
La decisión judicial suprime el régimen de visitas del padre y otorga la patria potestad a la madre, prohibiendo al agresor acercarse a ellas en quinientos metros o contactar con la menor de cualquier manera. La jueza tranquilizó a la niña asegurándole que "seguirás viviendo con tu mamá y no tienes que ver ni hablar con el señor que le hizo daño".
El padre, por su parte, ha expresado la intención de utilizar el Síndrome de Alienación Parental en futuros recursos. La jueza advirtió que esto podría resultar en una multa de hasta 6.000 euros por "mala fe y abuso de derecho". Este enfoque judicial destaca por poner el foco en los niños como víctimas colaterales del maltrato, utilizando la carta como un método pionero en este tipo de casos.
