El CGPJ estudia abrir un expediente al juez del caso Errejón tras recibir 900 denuncias por el interrogatorio a Elisa Moulia
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha informado este miércoles de que el promotor de la Acción Disciplinaria, Ricardo Conde, ha acordado abrir una diligencia informativa por la actuación del magistrado del Juzgado de Instrucción número 47, Adolfo Carretero. La decisión llega tras las más de 900 denuncias recibidas por su actuación en los interrogatorios realizados a la actriz Elisa Mouliaá y al expolítico Íñigo Errejón.
En la nota, el organismo explica que la Unidad de Atención Ciudadana del CGPJ ha recibido hasta el momento más de 900 quejas y denuncias en relación con la actuación del magistrado tras la publicación en los medios de comunicación de la grabación de las declaraciones de la denunciante y del investigado.
Según fuentes del CGPJ, la diligencia informativa tiene por objeto determinar la existencia o no de materia disciplinaria en los hechos denunciados, por lo que, en caso de confirmarse, abriría un expediente.
Durante el interrogatorio, el juez Adolfo Carretero preguntó en numerosas ocasiones a la actriz Elisa Mouliaá en su declaración del pasado jueves, si no le pidió que parara y cuestionó su testimonio sobre los hechos que se produjeron en septiembre de 2021.
"¿Y no sería que usted sí quería algo con ese señor y al no corresponderle por eso ahora le denuncia por haberse reído de usted?", le contestó el magistrado al preguntarle por los motivos de la tardanza en la denuncia, que Mouliaá dijo que no se había atrevido a presentar antes. "Podría habérselo dicho a sus amigos, podría simplemente haber dicho 'me quedo en la fiesta, contigo no voy a ninguna parte'. Es raro que no diga nada", cuestionó Carretero en otro momento de la comparecencia.
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Durante el interrogatorio a la denunciante, el juez también insistió en saber por qué Mouliaá no paró al exportavoz de Sumar, por qué no le reprochó después su actitud y por qué tardó tres años en denunciar.
El tono y el modo de interrogar del magistrado generó numerosas críticas en redes sociales que pronto llegaron también desde el Gobierno, cuya portavoz, Pilar Alegría, subrayó que "lo que se debe es valorar las pruebas y sobre todo no cuestionar a las víctimas".