Clínicas privadas catalanas han realizado entre 2017 y octubre de 2022 un total de 38.804 interrupciones voluntarias del embarazo financiadas por la Conselleria de Salud de la Generalitat para garantizar este derecho, según una respuesta parlamentaria del conseller Manel Balcells publicada en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (Bopc) consultada por Europa Press.
El Sistema Sanitario Integral de Utilización Pública (Siscat) contrató el servicio a estas clínicas fuera del servicio público para garantizar el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo.
A principios de 2022, la Conselleria de Salud admitía "cierta inequidad territorial" porque, en algunas zonas de Catalunya, la falta de profesionales no objetores de conciencia para la realización de la interrupción voluntaria del embarazo obligaba a derivar a pacientes.
Asimismo, el conseller de Salud, Manel Balcells, y la de Igualdad y Feminismos, Tània Verge, han anunciado en este 2023 la ampliación de los servicios para la interrupción voluntaria del embarazo en la Región Sanitaria del Alt Pirineu y Aran (Lleida).
Actualmente, los cuatro hospitales de esta región ofrecen tanto el método farmacológico como el quirúrgico para las mujeres que quieren interrumpir su embarazo, un escenario con el que Balcells asegura que garantizan la equidad y el acceso territorial a este servicio.
ABORTO FARMACOLÓGICO
El Govern también destaca que en noviembre de 2022 publicó el Protocolo para la atención a la interrupción voluntaria del embrazo en Catalunya: una medida con la que ampliaron el aborto farmacológico hasta las 14 semanas, mientras que hasta entonces solo se podía practicar hasta las nueve semanas.
En 2017 se realizaron 18.650 interrupciones voluntarias del embarazo (8.535 farmacológicos y 10.115 quirúrgicos); en 2018, 19.700 (9.740 y 9.960); en 2019, 20.758 (10.244 y 10.514); en 2020, 18.966 (9.851 y 9.115), y en 2021, con cifras todavía provisionales, se realizaron 18.712 (10.068 farmacológicos y 8.644 quirúrgicos).
