Denuncian la práctica de "arrebatar" hijos a madres "por razón de discapacidad"

Gabriela tiene síndrome de Down. Fabio, retraso. Su hija nació sin ninguna enfermedad.

Fundación CERMI Mujeres (FCM) ha denunciado la "realidad oculta" que sufren muchas madres con discapacidad a las que, según señala, se le ha "arrebatado a sus hijos", tanto por estar ellas en situación de discapacidad, como los menores.

Lo ha hecho en el webinario 'No estás sola', que ha celebrado este jueves, donde ha recogido los testimonios de algunas de estas mujeres a las que, puntualiza, la FCM quiere acompañar ante esta situación.

En el acto, señala la Fundación, se han escuchado diferentes experiencias de vida relacionadas con esta realidad que, insiste, "sufren muchas mujeres por el hecho de ser madres y tener una discapacidad, ellas mismas o sus hijos".

TESTIMONIOS DE MUJERES EN PRIMERA PERSONA

Como Sara, que lleva luchando 10 meses para recuperar a su hijo, que tiene una enfermedad rara, y que fue apartado de su lado por ser ella "una niña tutelada en un centro de salud mental para menores hasta los 18 años". O Raquel, acusada junto a su entonces marido de negligencia por desnutrición en el Hospital Sant Joan de Deu, a pesar de que su hijo tenía una enfermedad rara que le impedía coger peso.

Ambas mujeres han denunciado la falta de apoyo por parte de la Administración u lo injusto de la Justicia cuando una madre se enfrenta al Estado que le ha quitado la custodia de su hijo.

En muchos casos, han apuntado Sara y Raquel, se acusa a las madres de menores con discapacidad de tener el Síndrome de Münchhausen, una enfermedad que supone la invención de síntomas falsos o que provoca síntomas reales para que parezca que sus hijos están enfermos.

HISTORIAS POSITIVAS

Además de estos dos testimonios, CERMI Mujeres ha trasladado en su webinario otras historias "positivas" que llevan "aliento" a otras mujeres. En este caso, Montserrat, con parálisis cerebral, ha contado como decidió ser madre y siempre ha podido cuidar de su hija, aunque naciera prematura.

"Cuando mi hija empezó a comer yo tenía muchas dificultades para acercarle los cubiertos a la boca, pero pedí ayuda y he podido sacar adelante a mi hija", ha asegurado.

En la webinar, la directora de la Fundación Mundo Bipolar, Guadalupe Morales, ha hecho alusión a un estudio sobre la violencia en mujeres con discapacidad psicosocial o con problemas de salud mental, elaborado por la Federación de Asociaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental en País Vasco.

Este estudio, según ha asegurado, concluyó que 8 de cada 10 mujeres sufren maltrato por su pareja y que el 26% ha sufrido violencia sexual durante su niñez.

EL ESTIGMA DE LAS ENFERMEDADES MENTALES

Además, ha puesto de manifiesto la escasa credibilidad que se les da a estas mujeres cuando relatan a sus médicos que sufren violencia sexual por parte de sus parejas, y ha lamentado que "no les den crédito por la estigmatización social que existe en salud mental".

En este sentido, ha denunciado que "el hecho de tener un diagnóstico y un problema de salud mental produce en la sociedad un rechazo debido a que se les considera peligrosos o violentos y es muy injusto", lo que, a su juicio, tiene un efecto agravado en las mujeres, a quienes, con frecuencia, como en su caso, se les niega la posibilidad de ser madres.

También ha intervenido en la sesión la abogada Antonia Ortiz de Arcos, quien ha explicado el trabajo de defensa legal de las madres sin hijos. En este sentido, ha denunciado que "el sistema falla cuando un funcionario puede declarar un desamparo de un menor sin que lo autorice previamente un juez". Por ello ha abogado por "cambiar el sistema de protección y que el desamparo se traslade al ámbito judicial y mejorar los protocolos".

Finalmente, Jorge Cardona, miembro del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas de 2011 a 2019 y experto internacional en derechos humanos de niños y niñas con discapacidad, ha contextualizado el marco normativo dentro de la ONU y ha asegurado que "los diferentes tratados internacionales tienen la finalidad de marcar los derechos que deben ser protegidos con especificación en aquellas situaciones de mayor vulnerabilidad.