En este sentido, ha reconocido que la mejora de las condiciones laborales debe estar incorporada en el Plan de Choque a la Dependencia, que recoge medidas concretas a ejecutar a corto plazo con las comunidades autónomas. "Si la financiación va destinada a proveedores, algunos de ellos privados, una parte de esas cuantías deben destinarse a mejoras salariales, además hay que atajar los problemas de temporalidad y de parcialidad en los contratos", ha sentenciado.
Barriga considera que ha habido una reactivación a la atención de la dependencia, tras el freno que supusieron los recortes desde 2012. Y para contrarrestar esta situación, ha explicado que este año la asignación se ha incrementado en 600 millones de euros, por lo que se ha pasado de 1.400 a 2.000 millones por parte de la Administración General del Estado. "Con el compromiso de que en los próximos dos años haya otro aumento de 600 millones más en cada ejercicio sólo en la inversión estatal", ha confirmado.
Respecto a las acciones de mejora, ha destacado la decisión de que las listas de espera, tanto en el proceso de valoración como en la percepción de servicios a la ciudadanía, deben acortarse. Sobre este punto, ha considerado que "no podemos tener a cientos de miles de personas dependientes y a sus familias haciendo de cuidadores informales, es una situación que no nos podemos seguir permitiendo".
No obstante, ha reconocido que no se va a solucionar en seis meses o un año, ya que es mucho lo acumulado. "La dirección está clarísima y las comunidades están siendo muy valientes y estamos ahora monitorizando qué va a ocurrir con las listas de espera", ha puntualizado.
La exministra María Luisa Carcedo, que ha participado en el Curso de Verano 'Los servicios sociales ante la crisis social', ha afirmado que no se puede desear a los conciudadanos que no acaben su vida con una muerte digna y ha reclamado a los detractores de la Ley de Eutanasia que dejen a un lado sus prejuicios y creencias personales y se coloquen en el lugar de los que sufren este proceso y que se acompañen en todas sus decisiones.
"En la eutanasia decide la persona afectada, cuando no es capaz ya de seguir sufriendo, y es realmente inhumano hacerles morir en una situación que es para ellos un auténtico calvario y algunas enfermedades producen unas torturas para poder morir", ha sentenciado.
Carcedo ha manifestado que las instituciones públicas son quienes deben garantizar la universalidad de los derechos del bienestar, que están protegidos por la Constitución; por tanto, deben asegurar que esos derechos sean efectivos. "Debemos sustraer que los servicios que necesita una persona dependan de su poder adquisitivo y se los compre según su capacidad económica", ha indicado.
En relación con la pandemia, la exministra ha explicado que el virus no sólo atacó al ser biológico sino también al ser social, "a nuestra forma de convivir"; y los servicios sociales, singularmente los municipales, han jugado un papel "imprescindible para que las personas no quedaran aisladas y no les faltaran los suministros o atenciones básicas".
Asimismo, ha destacado entre las medidas sociales aprobadas por el Gobierno el ingreso mínimo vital, "una nueva dimensión del estado de bienestar, la última red de protección social y que se está construyendo en un momento complicado y difícil, pero avanza de forma progresiva y va dirigida a la población más vulnerable".
Por otro lado, ha hecho mención a la Ley de la Protección de la Infancia frente a la violencia, sobre la que ha comentado que se trata de una realidad "que debemos ser capaces de aflorar y poner en la agenda pública, en el conocimiento y en la preocupación de la ciudadanía porque solamente entre el diez y el 15 por ciento de los casos que están sucediendo se denuncian o se conocen".
"Hay una espesa capa de silencio cómplice de la ciudadanía para que esta realidad siga oculta, porque quien agrede a los niños generalmente es su entorno", ha señalado.
RONDA
En la tercera jornada de la oferta estival de la UMA en Ronda ha tenido lugar la inauguración del curso 'Reto demográfico y despoblación. Nuevas oportunidades en la sociedad digital', en el que ha participado Albert Esteve, director del Centro de Estudios Demográficos en la Universidad Autónoma de Barcelona, que ha apuntado la "bajísima fecundidad" que no rejuvenece la población como síntoma que evidencia la despoblación.
"Al menos durante los próximos 30 o 40 años, en este país, aunque nos fueran bien las cosas, moriría mucha más gente de la que nace", ha dicho, aunque no ha mostrado preocupación por las cifras absolutas, sino por la "capacidad de producir nacimientos" que no está a "la altura de nuestros deseos" ya que las personas jóvenes no reúnen "las condiciones necesarias para ser padres".
A pesar de que el término "despoblación" ya estaba presente en el ámbito académico, ha explicado, "está entrando fuerte en la agenda política de la sociedad española, lanzando todo tipo de iniciativas", sobre todo desde la creación de la Comisión de Despoblación y Reto Demográfico. Para el catedrático hay pueblos que han conseguido volver a crecer gracias al turismo o la agricultura, pero son "una minoría" porque hay muchos otros que no tienen los mismos activos.
"La política puede ayudar, pero al final la iniciativa popular o privada hace que los pueblos se revitalicen", ha especificado para que este impulso social continúe siendo rentable en el futuro. En este contexto, ha destacado como ejemplo a las políticas de empleo agrícola en Andalucía, "una de las comunidades menos afectadas por la despoblación".
A pesar de ello, Esteve ha indicado que la despoblación es "totalmente irreversible" en algunas zonas del país porque los periodos necesarios "son muy largos" para una recuperación demográfica; "incluso con una fecundidad alta podría llevar setenta u ochenta años".
En este sentido ha dicho que "deberían replicarse los flujos inmigratorios en el orden de magnitud de la llegada de personas inmigrantes de la primera década del siglo XXI" y que por "cada mil habitantes deberían llegar quince nuevas personas cada año. "Hay un margen de renovación pequeñito y no aprovecharlo sería sintomático de que no vamos por buen camino", ha aclarado.
Ronda también ha acogido una clase magistral a cargo de la escritora de ensayos de historia y maestra, Elvira Roca, sobre la construcción de la 'España exótica" y sus consecuencias'. "No solemos repasar las consecuencias que tiene el exotismo, que se vende bien turísticamente, pero por el que también se paga un precio", ha afirmado.
En su ponencia ha tratado la construcción de esta "idea exótica" durante el Romanticismo, que sobrevivió en siglos posteriores, y del "mito rondeño" que no es separable del fabricado en la industria turística andaluza.
Roca ha sostenido que España "autofabricó" gran parte de ese exotismo, asumido para "obtener visibilidad", satisfacer a los viajeros y "bajo una inocencia" de conseguir una diferenciación que contraste con el resto de Europa. En consecuencia, según la autora, acabaron convirtiéndose en los "elementos típicos" cuando "en realidad son puro fake" y no tienen "nada de auténtico".
En este sentido, le parece "muy grave" la aceptación social y el estilo exótico de convivir en occidente y ha recordado la campaña 'Spain is different', el eslogan utilizado durante el franquismo, con Manuel Fraga de ministro de Turismo, para "atraer a un occidental que ya estaba convencido de que España era exótica".
