La eliminación de la incapacidad judicial a personas con discapacidad a punto de ser una realidad en España

Esta semana el Congreso de los Diputados ha dado luz verde al proyecto de ley por la que se reforma la legislación civil y procesal de modo que se sustituye la incapacidad judicial de las personas con discapacidad por un sistema de apoyos individualizados para que tomen sus propias decisiones de forma libre e informada.

Se trata de un texto que se centra en los términos "apoyo" y "respeto a la voluntad, según explicó en su día el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, departamento que se ocupó de redactar la norma.

Sin embargo, señala también la ley, "no se trata de un mero cambio de terminología" para convertir la ley en un texto "más preciso y respetuoso", sino que busca modificar "el enfoque de la realidad" para que este sea "más acertado" y "advierta" sobre situaciones que, hasta ahora, habían pasado "desapercibidas", como que "las personas con discapacidad son titulares del derecho a la toma de sus propias decisiones".

Este derecho, apunta la norma, "ha de ser respetado" ya que se trata de "una cuestión de derechos humanos".

Es por ello que el articulado de este proyecto de ley sustituye la incapacidad jurídica de las personas con discapacidad por una "ayuda técnica" en materia de "comunicación" para adaptar la declaración de voluntad de estas personas a su situación y características individuales.

De esta forma, la representación o sustitución en la toma de decisiones de una personas con discapacidad se mantiene "únicamente cuando el apoyo no pueda darse de otro modo".

La modificación aprobada en el Congreso elimina del ámbito de la discapacidad la tutela, la patria potestad prorrogada y la patria potestad rehabilitada, figuras que, según detalla el texto, no responden al sistema de promoción de la autonomía de las personas adultas con discapacidad.

También aborda la institución de la curatela, lo que obliga a modificar las leyes Hipotecaria y del Registro Civil; y se reforma la ley de Enjuiciamiento Civil en relación al ejercicio de las acciones de determinación o impugnación de la filiación, en los procedimientos de separación y divorcio y en el procedimiento para la división de la herencia. Por último, la ley del Notariado se acomoda terminológicamente a estos cambios.

Durante el debate en la Cámara baja, la mayoría de grupos parlamentarios han destacado el trabajo y el consenso logrado durante los trabajos de ponencia, durante los cuales se debaten las enmiendas presentadas por los partidos. De hecho, en la sesión en la que se votó el texto final se han llegado a aprobar una decena de enmiendas transaccionales, de mejoras técnicas, acordadas por la mayoría de grupos.

Vox ha sido la única voz que ha roto este consenso, al abstenerse en la votación y con las declaraciones de su portavoz en la Comisión de Justicia, José Maria Sánchez, en las que criticó la interpretación "simplista" que la ley hace de las recomendaciones de la Convención sobre los derechos de las Personas con Discapacidad.

La formación de Abascal cree que la dignidad de la persona con discapacidad "no sufre porque vea limitada su capacidad jurídica" y señala que la norma "no regula debidamente una realidad como es la discapacidad".

A pesar de esta postura, el diálogo mantenido entre el resto de fuerzas mantiene la esperanza entre las organizaciones que representan a este colectivo para que la tramitación en el Senado se produzca en los mismos términos que hasta ahora. Si el texto no sufre nuevas modificaciones en la Cámara alta, la norma se aprobará directamente en su Pleno, sin regresar al Congreso.

Tal y como ha señalado el presidenta del Comité de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez Bueno, el avance y futura aprobación de esta eliminación de la incapacidad judicial cambiará "la vida" de muchas de estas personas y lo ha calificado de "hito legislativo".

"Gran paso" es la expresión que, por su parte, eligen Plena Inclusión y la Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT), que comparan esta nueva reforma con la que se aprobó a finales de 2018, sobre la Ley Electoral, y que permitió que 100.000 personas de este colectivo pudieran ejercer su derecho al voto.

La labor de estas organizaciones ha impulsado importantes cambios legislativos en los últimos años. No sólo los antes mencionados, sino también la prohibición de la esterilización forzosa de las personas con discapacidad, a la que se dio luz verde en el Congreso en octubre del año pasado.

El colectivo también está inmerso en la tramitación de la Ley de la Eutanasia, que esta semana también ha sido aprobada en la Cámara baja, a la que han hecho aportaciones con el objetivo de que el texto, en su lenguaje, sea "plenamente respetuoso" con las personas con discapacidad.