El Gobierno aprueba nuevas medidas urgentes contra los incendios

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto con medidas urgentes que buscan "actualizar" la legislación básica en materia de incendios forestales y mejorar la capacidad de respuesta, tanto de prevención como de extinción durante "todo el año, de modo que los territorios deberán contar con una planificación anual que contemple, no solo las épocas de alto riesgo sino de bajo y medio.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, ha anunciado que el Gobierno actualizará las obligaciones y la legislación básica en materia de incendios que recoge la Ley de Montes porque la emergencia climática pone de manifiesto hasta qué punto incendios más virulentos, con olas de calor más intensas y cada vez más frecuentes obligan a ponerse "al día".

"Ya no podemos pensar que la temporada de riesgo extremo de incendios solo ocupa dos o tres meses en nuestro calendario", ha advertido Ribera, que apuntado que según la información de la Comisión Europea es "más que probable" que los días de riesgo extremo de incendios se incrementen en 40 días más al año.

Así, ha justificado que los datos avalan que cada vez más esa superficie forestal quemada aparece en pocos incendios pero "enormemente virulentos" por lo que ve "capital" actualizar y activar el contenido básico de las herramientas más importantes para que "durante todo el año y todos estén preparados" e invirtiendo y activando medidas que permitan prevenir y reducir el impacto de los incendios.

Ribera ha destacado que "una mala preparación" pone en riesgo a la población, a los trabajadores; incrementa la pérdida de biodiversidad y de los servicios ecosistémicos, así como las pérdidas económicas y la actividad industrial y empresarial en el entorno y dificulta la capacidad de recuperación.

En ese contexto, ha precisado que de acuerdo con los últimos datos aportados por las comunidades autónomas, en lo que va de año España ha registrado más de 6.400 incendios con 135.000 hectáreas y de estos, en el 80 por ciento ha habido una "participación muy activa" de los medios de refuerzo del Estado y ha recordado que la competencia en esta materia es autonómica.

Por ello, ha subrayado la importancia de actualizar y prepararse para los grandes incendios. "No nos podemos permitir esta deriva y, por eso, es hora de actualizar la ley de Montes y asegurar que en toda España estemos preparados todo el año para reducir al máximo el riesgo de incendios", ha apostillado.

TODOS LOS TERRITORIOS, CON DISPOSITIVO TODO EL AÑO

Ribera quiere, por tanto, que todos los territorios cuenten con planes de incendio para "todos los meses" del año porque ya no basta "solamente" estar preparados para la época de alto riesgo en el conjunto del territorio y no solo en aquellas zonas consideradas particularmente "vulnerables y sensibles".

En este contexto, ha apuntado que de acuerdo con las disposiciones aprobadas en esta materia el pasado jueves en la última Conferencia Sectorial, se ha acordado actualizar y reforzar el contenido básico de los planes contra incendios y el contenido las medidas operativas.

Así, ha afirmado que el Gobierno busca mejorar la coordinación para poder reaccionar de una manera más temprana y más eficaz y asegurar la formación básica para "todos" los operativos con funciones que asegure la seguridad personal de los equipos y personas que trabajan en estas tareas.

Por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, ha dicho que están trabajando en una herramienta de zonificación de incendios forestales que consolide la información que ya existe y que facilite la toma de decisiones en materia de prevención y lucha contra los incendios.

También trabaja en actualizar la información de la Agencia Estatal de Meteorología que ahora se anticipa a siete días.

Así, las medidas incluyen la disposición de que cada vez que se ponga una alerta de riesgo meteorológico muy alto o extremo por incendios se deberán aplicar las limitaciones de las actividades de mayor riesgo y prever las medidas que puedan limitar el riesgo de forma más alta posible. Para ello se establecerá un "catálogo mínimo" de prohibiciones que las comunidades autónomas deberán aplicar en esos casos en los que la AEMET emita la alerta roja.

En definitiva, con la actualización de la normativa busca elaborar un plan de medidas para reducir el riesgo y estar preparados y desarrollar las tareas preventivas y la capacidad adecuada para minimizar riesgos y costes. "Riesgos con los que estamos conviviendo en estas semanas y meses y para los que todos debemos dar lo mejor de nosotros mismos para minimizar su impacto de la forma más razonable posible", ha concluido.

La nueva norma introduce mejoras en prevención, extinción y en la restauración de los terrenos forestales afectados y para ello da un plazo de cinco meses a las comunidades autónomas para que adapten sus servicios de lucha contra el fuego.

El Real Decreto establece que los nuevos planes deberán ser aprobados y publicados por las comunidades autónomas antes del 31 de octubre de cada año y se aplicarán de manera ininterrumpida durante los doce meses en todos los territorios. Dichos planes, deberán establecer el contenido mínimo de la dotación de medios materiales, equipamientos y trabajadores que participarán en la prevención y la extinción del fuego.

Igualmente, reforzará la coordinación institucional mediante un sistema de emergencias que asegure la interacción eficaz entre diferentes equipos, cualquiera que sea la Administración a la que pertenezcan. Entre otras medidas prevé establecer una calificación homogénea de las unidades de extinción de acuerdo con sus capacidades operativas; un protocolo de coordinación común para los medios aéreos; adoptar señales de radio unívocas o usar simbología común para elaborar los mapas operativos.

Al mismo tiempo, el Estado se compromete a mantener durante todo el año el dispositivo de medios aéreo, las unidades de refuerzo
helitransportadas, y los restantes medios de apoyo a disposición de las comunidades autónomas para ejecutar dichos planes de prevención, vigilancia y extinción de los incendios forestales.

Por último, en el ámbito del mantenimiento y la restauración de los terrenos afectados por incendios, el Real Decreto consolida el mecanismo de colaboración entre la administración general del Estado y las comunidades autónomas para la restauración forestal y medioambiental, siempre que los incendios se hayan producido en zonas donde las medidas de prevención y extinción previstas por la Ley cumplido y cuando las superficies afectadas tengan una extensión mínima.

En concreto, las comunidades autónomas participarán financieramente en la restauración hasta un máximo del 50 por ciento de los costes, excepto si se trata de terrenos cuya titularidad sea estatal.