La propuesta de ley del PSOE para endurecer las penas contra el proxenetismo y quienes pagan por sexo no ha salido adelante en el Congreso de los Diputados. Esta iniciativa legislativa no logró convencer a sus socios de gobierno, recibiendo el voto afirmativo de 122 parlamentarios, 184 votos en contra y 36 abstenciones.

El Partido Socialista Obrero Español volvió a debatir sobre la reforma del Código Penal para endurecer el proxenetismo en todas sus formas, algo que ya había intentado en la pasada legislatura con el apoyo del Partido Popular, aunque no se culminó la tramitación.

Esta ley, de rango orgánico, requería el apoyo de al menos 176 diputados (mayoría absoluta) para su aprobación, ya que implicaba modificar artículos del Código Penal relacionados con el proxenetismo.

El proyecto recibió el apoyo del PSOE, CC, UPN y BNG. En contra votaron el PP, Sumar, ERC, Bildu, Junts y PNV, mientras que Podemos y Vox se abstuvieron. El PSOE se quedó prácticamente solo, sin los apoyos necesarios, ya que ni sus socios de coalición ni los de investidura respaldaron la propuesta.

El PP pidió a los socialistas que retiraran la proposición de ley para negociar conjuntamente una ley integral contra la trata, buscando un consenso parlamentario dentro del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. La diputada 'popular' Ana Alós acusó al PSOE de hacer un "indigno uso y abuso del feminismo con fines electorales".

Sumar votó en contra porque consideraba que la propuesta no había sido negociada entre los socios del Gobierno de coalición y que podría poner en una situación de mayor precariedad a las mujeres que ejercen la prostitución. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, rechazó la idea de retirar la proposición.

El objetivo de los socialistas con esta ley era castigar todo tipo de proxenetismo, es decir, el lucro de la prostitución ajena. Actualmente, solo está penado el proxenetismo ejercido con intimidación y violencia. El PSOE consideraba que la redacción actual del Código Penal llevaba a una "impunidad total del proxenetismo".

El artículo 187 del Capítulo V 'De los delitos relativos a la prostitución y la corrupción de menores' del Código Penal detalla las penas para quienes determinen a una persona a ejercer la prostitución mediante violencia, intimidación o engaño, o abusando de su situación de necesidad o vulnerabilidad. También penaliza a quienes se lucren de la prostitución de otra persona, incluso con su consentimiento.

La iniciativa pretendía dar a las personas prostituidas los derechos incluidos en el Estatuto de la víctima del delito y garantizarles acceso a la atención de la ley del solo sí es sí. Sin embargo, los socialistas tendrán que volver a intentarlo en otra ocasión, ya que la iniciativa no ha salido adelante.

En paralelo, un grupo de trabajadoras sexuales, convocadas por el Colectivo de Trabajadoras sexuales, protestó frente al Congreso en contra de la ley del PSOE para prohibir el proxenetismo. Susana Pastor, representante de la organización, argumentó que la abolición no beneficiaría a las más de 200.000 trabajadoras sexuales, sino que las llevaría a la clandestinidad.

Los socios de Gobierno del PSOE acusaron a la ley de ser una iniciativa "electoralista". La diputada de EH Bildu, Bel Pozueta, criticó que el PSOE solo busca penar y desproteger a quienes trabajan en la prostitución para obtener un titular efectivo antes de las elecciones. Gala Pin, de la formación de Yolanda Díaz, y Martina Velarde, de Podemos, también se mostraron en contra, argumentando que la mejor forma de garantizar los derechos de las prostitutas sería derogar la Ley de Extranjería y asegurarles vivienda, formación, sanidad, empleo y derechos.

Desde el PNV y Junts también expresaron su oposición, sugiriendo que hay formas de ajustar el Código Penal para castigar el proxenetismo sin enviar la prostitución a la clandestinidad. ERC pidió la presentación de una ley de trata y la derogación de la Ley de Extranjería para empezar a trabajar en soluciones efectivas.