Las luchas entre Sumar y Podemos dejan en duda un nuevo gobierno de izquierdas

La división interna en el espacio político de Sumar y Podemos preocupa al ala socialista del Gobierno, que sigue de cerca los movimientos en la izquierda a pesar de abogar por agotar la legislatura hasta 2027. Fuentes de Moncloa reconocen que la fragmentación en sus socios de coalición complica la posibilidad de reeditar una mayoría similar a la de la investidura de Pedro Sánchez, especialmente tras la salida de Íñigo Errejón y la falta de entendimiento entre las fuerzas que integran Sumar.

Los últimos sondeos no son alentadores: Sumar apenas obtendría 14 diputados y Podemos no superaría los 4, según datos recientes de la encuesta DYM. Estas cifras están lejos de los 31 escaños obtenidos en el 23J, y, aunque el Ejecutivo señala que con Alberto Núñez Feijóo en la oposición “hay Sánchez para rato”, también admiten que la fragmentación pone en riesgo los acuerdos necesarios para legislar con estabilidad.

Uno de los focos del Gobierno está en IU, la formación liderada por Antonio Maíllo, que ha logrado mantener puentes con todas las sensibilidades de la izquierda, incluidas Podemos y Yolanda Díaz, pese a las diferencias internas en Sumar. Maíllo, consciente de su papel de mediador, ha lanzado la iniciativa "Convocatoria por la democracia", con el objetivo de revitalizar las bases de IU, atraer a militantes descontentos y sentar las bases de una posible colaboración futura con Podemos.

Desde Moncloa confían en que estos movimientos sirvan para reconstruir el espacio a la izquierda del PSOE, aunque reconocen que las tensiones son evidentes. Maíllo ha dejado clara su postura en repetidas ocasiones, defendiendo la necesidad de “una coordinación entre iguales, sin vetos cruzados” para encarar las próximas elecciones en las mejores condiciones. Sus críticas hacia Yolanda Díaz, a quien ha instado a asumir responsabilidades tras los malos resultados electorales, evidencian la fractura interna que complica la cohesión del espacio político.

En paralelo, los socialistas avanzan con su estrategia de gobernar "ley a ley y paso a paso", negociando con diferentes fuerzas políticas para sacar adelante acuerdos clave. La reciente reforma fiscal es vista como un ejemplo de la capacidad del Ejecutivo para pactar medidas con socios de izquierda y derecha. Sin embargo, se intenta evitar vincular estas negociaciones con los Presupuestos Generales, con el fin de no tensar aún más la relación con sus socios.

El Gobierno también espera que el próximo Congreso Federal del PSOE, previsto en Sevilla, sea un punto de inflexión que refuerce la posición del partido. En particular, se confía en que federaciones como la valenciana logren recuperarse tras la crisis provocada por la DANA, mientras que otros territorios, como Aragón, también aspiran a mejorar sus perspectivas electorales.

Con un ojo puesto en las divisiones de la izquierda y otro en el avance de la legislatura, el Ejecutivo mantiene su objetivo de llegar hasta 2027, a la espera de que sus socios logren recomponer su espacio político y garantizar un apoyo parlamentario más sólido en el futuro.