Más de 7 millones de personas atendidas por Cruz Roja Española, más del 60% del total de atendidos, sufre pobreza energética y tanto en invierno como en verano les cuesta mantener el confort en su vivienda.
Así lo determina el estudio 'El impacto de la pobreza energética en la vulnerabilidad social de la población atendida por Cruz Roja en el contexto de la crisis inflacionaria', realizado en colaboración con la Cátedra de Energía y Pobreza de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI) de la Universidad Pontificia Comillas.
Cruz Roja atiende a unos 11,8 millones de personas al año, según han señalado a Europa Press fuentes de la organización, y en concreto atiende a 23.000 personas en su programa de pobreza energética. Sin embargo, el estudio determina que esta dificultad la experimentan usuarios atendidos por la organización en otros programas, lo que eleva la cifra a 7 millones de personas.
Para llegar a esta conclusión, la investigación realizó técnicas cuantitativas y cualitativas en más de 1.500 hogares con personas usuarias de Cruz Roja y revela que el problema más acuciante experimentado por las familias durante 2022, según los últimos datos disponibles, fue la incapacidad de más del 60% de los encuestados de mantener el confort en sus viviendas tanto en invierno como en verano, lo que se puede relacionar con múltiples causas y condiciones.
"Más del 85% de los hogares del estudio sobre Vulnerabilidad Social y Pobreza Energética en España se encuentran en situación de riesgo de pobreza y/o exclusión social (AROPE) principalmente por el bajo nivel de renta de la población analizada, con un 63% de las personas en situación de pobreza relativa y un 68% con carencia material y social severa", ha explicado , explica la miembro del Área de Conocimiento de Medio Ambiente de Cruz Roja Española, Sara Casas.
Tal y como ha destacado el representante de la Cátedra de Energía y Pobreza de la Escuela Técnica Superior de la Universidad Pontificia de Comillas, Roberto Barrella: "La pobreza relativa se identifica tradicionalmente como una de las causas principales de la pobreza energética. Por otro lado, la falta de confort se puede relacionar también con el mal estado y la baja eficiencia energética de la mayoría de las viviendas analizadas".
Una de las consecuencias de la pobreza energética es la restricción a la calefacción o al aire acondicional "por miedo a la factura", hecho que se agudizó en 2022 debido a la inflación y que supuso, según el estudio de la Cruz Roja, que supuso que solo un 9% de las personas encuestadas utilizaran la calefacción sin restricciones durante el invierno anterior al estudio (2022-2023).
Además, "más del 90% de los hogares que decidieron no encender la calefacción, o hacerlo de forma mucho más reducida. Ante este escenario, más de un 25% de los hogares experimentaron retrasos en el pago de facturas en mayor proporción que en años anteriores lo que confirma la conexión entre este miedo a la factura con la creciente situación de incomodidad térmica de estos hogares", ha señalado la representante del Área de Datos, Estudios y Calidad de Cruz Roja Española, María Cortijo.
El impacto social y personal de estos hábitos y, en general, de la pobreza energética, queda sintetizado desde seis perspectivas distintas.
El impacto en la salud mental y física (el 23% de los encuestados manifiestan problemas de salud relacionados con la pobreza energética); el riesgo de intoxicaciones, incendios o cortes de electricidad (el 25% almacena productos inflamables y un 6,6% sufre cortes en suministros energéticos); el endeudamiento y retrasos en los pagos de facturas (el 27% reconoce el retraso en el pago de sus facturas y un 70% recorta gastos en ellas); la reducción de la vida social, de ocio y entretenimiento (el 67,2% de los encuestados sufre recortes en su vida social); el incremento de la conflictividad familiar y el impacto en la vida escolar y laboral (el 31% reduce su gasto en educación).
BONO SOCIAL ENERGÉTICO
El 70% de los hogares encuestados no se beneficia de los bonos sociales nacionales y un 57% de ellos no conoce el procedimiento para solicitarlas, sobre todo en los casos de familias que tienen un régimen de vivienda en alquiler y aunque muchas cumplen los criterios sociodemográficos para recibirlas.
En cuanto a otras ayudas, el porcentaje de no beneficiarios baja al 62,6%, el 57,6% de los hogares receptores contó con ayudas de Cruz Roja y un 38,5% con subsidios de la administración local competente.
Barella ha apuntado que esta medida del bono social energético es temporal y que a largo plazo se debería implementar programas ad-hoc, específicas para las personas que necesiten las rebajas y ayudas.
Así, a medio y largo plazo propone que no haya una reducción general para todos y tan baja, sino que se financie los casos concretos de pobreza energética y se acompañen a estos hogares.
Es por ello que Cruz Roja aconseja ampliar la platea de los bonos sociales y otras políticas de mitigación en el corto plazo; enfocar las medidas a medio-largo plazo; fomentar la humanización de la atención social y promover una mayor y mejor coordinación entre los distintos actores en la lucha contra la pobreza energética.
