Mensajes racistas tras el crimen de Mocejón reavivan el debate sobre el odio

Ni magrebí, ni "rumano de padres turcos", ni menor migrante no acompañado. El presunto asesino del pequeño Mateo en el pueblo toledano de Mocejón es español, pese a las decenas de mensajes en redes con bulos racistas en los que vinculaban este crimen con la inmigración.

La oleada de desinformación y publicaciones xenófobas que ha desatado este suceso ocurrido el pasado domingo -cuando un joven apuñaló a un niño de 11 años en un campo de fútbol sin que se conozcan los motivos- ha puesto el foco en lafacilidad y rapidez de la difusión de discursos de odio en el entorno digital y ha reabierto el debate sobre cómo se puede luchar contra ello sin limitar la libertad de expresión.

El fiscal de Sala de Delitos de Odio, Miguel Ángel Aguilar, propuso limitar el anonimato en redes e imponer una especie de orden de alejamiento de estas plataformas para quienes cometieran delitos graves, después de que muchos usuarios no solo esparcieran mentiras sobre la autoría del crimen sino que insultaran al portavoz de la familia del niño asesinado.

Para entidades como Asociación de Abogados consideran "fundamental" que se pueda "identificar la autoría" de los mensajes, "porque si no es imposible que haya una condena", según ha señalado su presidente Manuel Ródenas, en RNE.

Desde la política, el PSOE ha respaldado medidas de este tipo, mientras que el PP se ha dividido entre varios cargos que lo han apoyado y otros que lo critican. El diputado Rafael Hernando recordó que su partido propuso en el Congreso en 2017 y 2021 que fuera obligatorio identificarse con el DNI para registrarse en una red, mientras que desde el PP de Madrid han comparado este control de las redes con las políticas de Nicolás Maduro en Venezuela.

Un "brindis al sol" con pocos efectos prácticos

Los expertos en redes, sin embargo, son mucho más escépticos. El analista digital Marcelino Madrigal, por ejemplo, alerta de los riesgos de una identificación obligatoria y de sus escasos efectos prácticos, por lo que califica como "un brindis al sol". "Soy poco amigo de estas medidas y de estos comentarios tan a la ligera y con tanto desconocimiento", señala a RTVE.es.

Si se pide una identificación para poder publicar en las plataformas digitales solo hay dos posibilidades, que esos datos recayeran en una "entidad institucional", con lo cual siempre existiría la sospecha de un control gubernamental de nuestra actividad en redes, o bien delegar esa función en la propia red social. 

Recuerda que nuestros datos personales son "oro puro" para las empresas que gestionan estas redes, como X (antes Twitter) o Meta (que controla Facebook, Instagram y WhatsApp), y alerta de que aquellos datos que ya poseen los están utilizando "para mal", con lo cual entregarles también el DNI solo empeoraría las cosas.

Para la asociación SOS Racismo, el de limitar el anonimato se trata de un "viejo debate" con una solución "complicada". "Es verdad que quien escribe un determinado insulto o una incitación directa a la violencia no lo haría si tuviera que poner su nombre y apellidos", asegura Mikel Mazkiaran, miembro de esta entidad especializado en temas jurídicos. Sin embargo, recuerda que protestas como las que se dieron en Irán contra el régimen "se han podido llevar a cabo seguramente porque había un anonimato".

"Estamos sobradamente identificados"

Pero además, el hecho de tuitear o escribir en redes de forma anónima no significa que no estemos identificados. "Aunque las redes sociales sean anónimas, para registrar un perfil todas las redes solicitan unos requisitos mínimos", explica en RNE Yurena Carillo, abogada experta en ciberodio y expresidenta del Observatorio Canario de Delitos Informáticos.

Las plataformas digitales suelen tener nuestro correo electrónico, y en ocasiones nuestro número de teléfono. También se puede conocer fácilmente la localización desde donde se usa internet, añade Madrigal.

"Para utilizar una red tenemos que utilizar una conexión de Internet, y para disponer de ella tenemos que tener una serie de datos, como los datos bancarios", sigue, para concluir que "estamos sobradamente identificados".

Perfiles "con nombres y apellidos" que difunden bulos

Por si fuera poco, este experto llama la atención sobre el hecho de que muchos de los mensajes que se han publicado estos días con contenido xenófobo o incluso insultos a la familia provienen de usuarios con sus nombres y apellidos, "empezando por algún eurodiputado".

Hace referencia a Luis ‘Alvise’ Pérez, recientemente elegido como representante en el Parlamento Europeo con su partido ‘Se acabó la fiesta’, y que desde que se conoció el asesinato ha compartido en su popular canal de Telegram (con más de 700.000 seguidores) o en su recién recuperado perfil de X mensajes vinculando falsamente el crimen con inmigrantes y extranjeros.

Alvise, que ya ha sido condenado por señalar públicamente a periodistas y políticos, no es el único. Madrigal ha recopilado "unos 500 tuits con mensajes xenófobos y racistas a raíz de este asesinato, muchos de los cuales son de personas que son perfectamente identificables porque lo están haciendo con su rostro y su nombre y apellidos".

Muchas de estas cuentas, algunas muy populares vinculadas a la extrema derecha, borraron sus publicaciones e incluso sus perfiles tras conocerse que la Fiscalía investigaría los mensajes de odio en redes.

Al respecto, Carrillo recuerda que "nadie accede a una red social sin dejar una huella", y que esa huella es fácilmente rastreable por las propias redes y por la Justicia a pesar de que hayan borrado sus cuentas.

Más allá de los tribunales: autorregulación y moderación de contenidos

Pero si rastrear estos mensajes de odio, muchos de los cuales se escriben a cara descubierta, es tan fácil, ¿por qué se siguen repitiendo con tanta frecuencia, cada vez que se da un crimen mediático?

Marcelino Madrigal lo tiene claro. "Lo que hay es muy poco interés en conseguir regular las redes". Cree que, cuando desde la política se ha querido actuar, sí que se ha hecho, como cuando en época del anterior Gobierno del PP de Mariano Rajoy, con la llamada ley mordaza, fueron condenados a prisión tuiteros por chistes sobre Carrero Blanco o raperos como Pablo Hasél o Valtònyc por injurias a la Corona.

Considera además que, más allá del aspecto judicial, es fundamental la "autorregulación" en redes, tanto como con la "educación" de los usuarios como con la moderación de contenidos en la propia plataforma. Desde que Elon Musk compró Twitter en 2022 -y lo renombró X-, este control interno de los mensajes se ha reducido drásticamente, y muchos usuarios vetados de la red por difundir datos privados, como en el caso del propio Alvise o por "incitar a la violencia", como el expresidente estadounidense Donald Trump, han vuelto. 

El último informe de Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE), dependiente del Gobierno, mostraba que las cinco plataformas monitorizadas (X, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube) retiraron menos de la mitad del contenido racista del que le notificaron el año pasado.

No son casos "anecdóticos" sino el "método de la extrema derecha"

Mazkiaran, de SOS Racismo, también coincide en que hay que ir más allá de la "judicialización", que no siempre es lo más "eficaz". Tiene escasa confianza en que las redes actúen por sí mismas, dado sus intereses económicos y de los "miles de millones" que hay en juego, pero sí que cree que podría ayudar la creación de un organismo administrativo, que realizara una "labor vigilante, pero no de censura". 

La puesta en marcha de este órgano, recuerda, estaba contemplada en la ley de igualdad de trato y de no discriminación aprobada hace dos años y aún no es una realidad. Sí que valora de manera positiva otro mensaje trasladado por el fiscal Aguilar, el de impedir el acceso a las redes a quienes hayan cometido delitos graves.

Madrigal, por su parte, insiste en que en todo caso se está "intentando trasladar problemas que son sociales a problemas tecnológicos". Estos mensajes que vinculan delincuencia y crímenes con la migración no son una "anécdota", sino que es un "método que está utilizando la extrema derecha a nivel mundial para intentar subvertir el orden que tenemos".

El precedente más cercano son las protestas convocadas por la ultraderecha en Reino Unido contra la inmigración tras el asesinato de tres niñas a principios de agosto, que agitadores ultras vincularon falsamente, ante el silencio de las autoridades en las primeras horas tras el crimen, con un inmigrante musulmán. Algo similar a lo ocurrido en el caso de Mocejón, cuando a los 24 minutos tras darse a conocer el crimen, señala Madrigal, ya había tuits señalando la supuesta autoría de magrebíes.

Para el representante de SOS Racismo en los mensajes difundidos en España hay un "efecto espejo" con lo ocurrido en Inglaterra y una clara "intencionalidad". La principal diferencia es que aquí no se han dado las movilizaciones que culminaron con más de 1.000 detenidos en Reino Unido.