Monasterio critica que el Gobierno de España "premie a los golpistas" al derogar el delito de sedición
La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha criticado este viernes que el Gobierno de España "premie a los golpistas" al proponer derogar el actual delito de sedición y sustituirlo por otro de desórdenes públicos agravados, que contempla penas para las autoridades de 3 a 5 años de prisión.
En las VIII Jornadas de Coordinación de Vox Madrid, la portavoz madrileña ha reprochado que se quiera premiar a "los que han querido atacar a España y a aquellos que vulneran los derechos de igualdad de todos los españoles y se saltan la ley".
Así, ha recordado que en 2016 entregó al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont unas esposas y un Código Penal, que ha vuelto a traer a estas jornadas. "Corría el año 2016 y desde entonces continúan los años de traición, por acción u omisión, de todos los gobiernos" hasta llegar a la traición a España que Pedro Sánchez ha perpetrado con la reforma del delito de sedición", ha asegurado.
En estas jornadas, em las que también han participado el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, y el vicepresidente, Jorge Buxadé, Monasterio ha animado a todos los representantes municipales de la formación, que este viernes se han reunido en San Lorenzo de El Escorial, "a iniciar juntos el camino a las elecciones del próximo 28 de mayo".
"Nuestra meta es ganar nosotros para que España gane. Es que Santiago Abascal sea presidente del Gobierno para que nuestros nietos hereden una España mejor", ha expresado.
El Gobierno ha propuesto derogar el actual delito de sedición y sustituirlo por otro desórdenes públicos agravados que contempla penas para las autoridades de 3 a 5 años de prisión --frente a los 10 a 15 años que recoge el Código Penal vigente-- e inhabilitación de 6 a 8 años --frente a los 10 a 15 años que establece la ley actual--, según recoge la proposición de ley orgánica realizada por PSOE y Unidas Podemos.
El texto señala que "serán castigados con la pena de prisión de seis meses a tres años los que, actuando en grupo y con el fin de atentar contra la paz pública, ejecuten actos de violencia o intimidación: sobre las personas o las cosas; u obstaculizando las vías públicas ocasionando un peligro para la vida o salud de las personas; o invadiendo instalaciones o edificios".