Ocupación e inmigración ilegal: nueva iniciativa de VOX presentada en el Congreso
El diputado de VOX por Córdoba en el Congreso de los Diputados ha explicado que “la presente Ley trata de impedir que tanto los okupas como los inmigrantes que han entrado en España y residen de forma ilegal puedan inscribirse en el padrón municipal y disfrutar de esta forma de los derechos que ello concede”
VOX ha presentado en el Congreso de los Diputados una Proposición de Ley de modificación de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local con el fin de modificar el padrón municipal en los casos de ocupación de inmigración ilegal.
El diputado nacional de VOX por Córdoba, José Ramírez del Río, ha explicado que “la persecución de estas acciones se realiza habitualmente a través de cauces policiales, y llegado el caso, penales, sin embargo es necesario situar la acción de los poderes públicos en un momento anterior, promoviendo la adopción de todas aquellas medidas necesarias ex ante para evitar que situaciones antijurídicas sean dotadas de efectos jurídicos y, con ello, más difíciles y complejas de resolver en pro del bien común”.
Ramírez del Río ha explicado que “esta es una situación que se da cada vez con más asiduidad en la provincia de Córdoba como hemos venido denunciando durante los últimos años, no solo en la capital sino también en municipios como Lucena, por poner un ejemplo. La presente Ley trata de impedir que tanto los okupas como los inmigrantes que han entrado en España y residen de forma ilegal puedan inscribirse en el padrón municipal y disfrutar de esta forma de los derechos que ello concede”.
Con esta Proposición de Ley, “se refuerza el artículo 18.2 y el 33 de la Constitución Española que reconoce el derecho a la propiedad privada de acuerdo con su función social. Ambos derechos constitucionales han sido constantemente conculcados, notablemente en la última década y se ven crecientemente amenazados en un doble sentido, tanto por los que ocupan los inmuebles como por el propio legislador, que, ya sea por acción u omisión, no ha asegurado su adecuada protección legal, llegándose incluso a fomentar su vulneración desde unos poderes públicos que han de proteger tanto la propiedad privada como la función social de esta. Sin duda su aplicación resolverá muchos de los problemas de okupación ilegal en la provincia de Córdoba y en otras provincias de España”.