Lynda Seghali, vecina de Sant Andreu, está afrontando un desahucio junto a su marido y sus dos hijos de 9 y 13 años. Esta familia lleva 11 años viviendo en el mismo piso, pero ni el certificado de vulnerabilidad emitido por los servicios sociales ni el certificado de salud del padre, que acaba de sufrir un ictus, ni tampoco un comunicado de las Naciones Unidas ha evitado que la comitiva judicial se presentara este martes para evitar el desalojo. Finalmente, el desahució se ha prorrogado.
Hidrus Consultoría Integral De Ingeniería Sistemas y Servicios es la empresa propietaria del piso. Anteriormente pertenecía a una mujer pero, tras su muerte, su familia vendió la vivienda. Ellos mismos confesaron que les interesaba más tener el piso vacío que con gente.
En febrero de 2020 el contrato venció y la empresa aceptó renovar el contrato, pero subiendo el precio de 550 a 750 euros. La familia no podía permitirse este nuevo alquiler, ya que sobreviven con una prestación de 728 euros del padre.
El domingo por la noche, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas se pronunció y exigió que se parara el desahucio ya que los consideraba como una familia vulnerable y habría que esperar a que tuvieran acceso a una nueva vivienda. Sin embargo, el juez intentó continuar con el desahucio.
El enfrentamiento entre la familia y la empresa propietaria sigue adelante, los primeros están dispuestos a seguir pagando el antiguo alquiler de 550 euros, pero los segundos rechazan esta opción. Denuncian que, a pesar de la pronunciación de la ONU, llamaron a la Brigada Móbil de los Mossos, pero no había agentes disponibles.
