Los grupos de la oposición, tanto el PP y Ciudadanos, como los aliados del Gobierno, han exigido este miércoles al presidente Pedro Sánchez que ponga sobre la mesa una alternativa al estado de alarma que ampare jurídicamente las decisiones que tengan que tomar las comunidades autónomas para luchar contra el Covid-19 cuando la vigencia de esta figura decaiga el próximo 9 de mayo.
Así lo han hecho durante sus distintas intervenciones en el Pleno del Congreso donde Sánchez ha comparecido para hablar de su gestión de la pandemia y del plan de recuperación que va a aprobar para paliar sus consecuencias sociales y económicas.
El líder del PP, Pablo Casado, ante la inacción de Sánchez en este terreno, ha anunciado su intención de registrar en el Congreso una modificación puntual de la ley de 1986 de medidas especiales en materia de salud pública para añadir "dos líneas más" y poder aprobarla en 15 días por procedimiento de urgencia al ser de artículo único.
"Basta de excepcionalidad constitucional y de echar la culpa a las comunidades autónomas", ha reclamado Casado, para quejarse de que hasta ahora el Gobierno no haya querido adaptar la legislación para evitar otro estado de alarma "porque prefiere gobernar como Napoleón en el real decreto".
También la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha insistido a Sánchez en que asuma "en primera persona el control de la pandemia" y precise qué va a hacer para "garantizar la seguridad sanitaria y la seguridad jurídica", dejando claro a los ciudadanos qué medidas concretas habrá que aplicar para limitar los contagios una vez finalice la alarma.
Más prudencia y menos temeridad
Pero Sánchez ha escuchado exigencias similares por parte de sus aliados parlamentarios, en un pleno en el que ERC no ha podido intervenir puesto que todos sus diputados están en cuarentena tras detectarse la semana pasada un positivo por coronavirus en sus filas.
El portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha reclamado "prudencia" al presidente y ha llegado a tachar de "temeridad" su intención de poner punto y final al estado de alarma cuando las comunidades no cuentan con los instrumentos jurídicos necesarios para controlar la gestión de la pandemia. A su juicio, mientras no se modifique la legislación ordinaria habría que prolongar el estado de alarma.
Bildu, a través de su portavoz Mertxe Aizpurua, ha insinuado que Sánchez no ha pedido esa prórroga porque ha optado por utilizar el virus en el "ring electoral" madrileño y ha emplazado al presidente a pactar con los grupos y las comunidades un "paraguas jurídico" que permita aplicar restricciones sin dejarlas al albur de decisiones judiciales.
También ha llamado a poner fin al "desorden institucional" que, desde su punto de vista, se ha venido produciendo con la aplicación del estado de alarma el líder de Más País, Íñigo Errejón, reprochando a Sánchez que no aclare sus planes en esta materia.
La demanda de una alterativa acordada con las comunidades se ha escuchado también por boca del diputado del BNG, Néstor Rego, y del representante de Compromís, Joan Baldoví, quien ha planteado la necesidad de que se convoque el afecto una Conferencia de Presidentes. En la idea de contar con un marco jurídico concreto antes del 9 de mayo han incidido también los diputados de UPN, PRC y Foro Asturias.
VOX y la CUP partidarios del fin del estado de alarma
Por contra, ha habido dos partidos que abogado abiertamente por poner fin al estado de alarma: Vox y la CUP. El líder de Vox, Santiago Abascal, ha censurado que ahora todos estén planteando cómo legislar cuando éste caduque "para otorgarse ultrapoderes" y poder "seguir pisoteando los derechos y libertades constitucionales de los españoles". Así, ha pedido el fin inmediato de las restricciones y la libre circulación por todo el país.
Mireia Vehí, de la CUP, ha defendido también no prorrogar el estado de alarma porque, desde su punto de vista, compartido con Abascal, sólo se ha utilizado para restringir derechos fundamentales.
