El PP insiste en vetar la reforma constitucional de la discapacidad
Gamarra reitera que comparten el objeto de la reforma, pero dice que el PSOE y sus socios no dan garantías de que no habrá más cambios
El PP se mantiene firme en su decisión de no "abrir el melón" de la reforma de la Constitución para sustituir el término 'disminuidos' por el de 'personas con discapacidad', y es que teme que otras formaciones políticas pretendan aprovechar la coyuntura para intentar plantear otras modificaciones de la Carga Magna de mayor envergadura y no se fía del PSOE dada su debilidad parlamentaria.
En declaraciones a Europa Press, la portavoz del Grupo Popular, Cuca Gamarra, ha explicado que su partido está de acuerdo en la modificación de este término, pero subraya que una reforma de la Constitución debe hacerse "con todas las garantías y a partir de un gran acuerdo". Eso, añade es lo que se hizo con las dos reformas anteriores, pero no ha sucedido lo mismo en esta ocasión.
"Debe partir de un gran acuerdo entre los dos partidos que dé garantías de que abrir el melón de la Constitución no va a generar inestabilidad para España y, en el momento actual, la configuración parlamentaria y los socios de Gobierno del PSOE no dan esas garantías de que se pueda llevar a cabo una reforma constitucional sin que se ponga en riesgo el propio marco constitucional", argumenta Gamarra.
PELIGRA SU APROBACIÓN
En este contexto recuerda que, cuando se presentó esta reforma, "muchos partidos hablaron de todo menos del artículo 49". La propuesta de reforma superó su primer trámite en el Congreso el pasado mes de septiembre cuando el Pleno rechazó las enmiendas de totalidad que plantearon el PP y Vox.
Aún así, arrancó su andadura tocada porque aprobar este cambio puntual de la Constitución necesita un respaldo mínimo de tres quintos de la Cámara (210 votos) y la suma de PP y Vox ya impediría alcanzar ese listón.
Esta reforma constitucional fue impulsada por la ex vicepresidencia de Carmen Calvo sobre la base de un texto de cuatro puntos que ya se había consensuado en la Cámara baja en 2018, pero que no se llegó a aprobar al disolverse las Cortes con la convocatoria de elecciones para 2019.
El texto, además del cambio del término 'disminuido', propone destacar "los derechos y deberes previstos" en la Carta Magna "en condiciones de libertad e igualdad real y efectiva" para este colectivo, sin que "pueda producirse discriminación"; y encomienda a los poderes públicos la puesta en marcha de "políticas necesarias para garantizar la plena autonomía personal e inclusión social de las personas con discapacidad".
Cuando presentó la reforma ante el Congreso, la entonces vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, quiso dejar claro que no iba a suponer la apertura de un proceso constituyente, ni "abre ningún melón" para tratar otros asuntos.
"No es en lo que estamos, no es en lo que está el Gobierno ni de lejos", afirmó, tras plantear algún grupo parlamentarios como ERC la necesidad de llevar acabo otras reformas de mayor calado, y alertar el PNV de que el debate de esta norma podrá ser usado para ponerlos sobre la mesa.
Calvo fue destituida por Pedro Sánchez en la crisis de Gobierno del pasado mes de julio, por lo que la defensa la reforma constitucional recae en el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que ya ha reiterado su compromiso con la iniciativa.