a diputada nacional y portavoz de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el Congreso de los Diputados, Isabel Prieto, ha solicitado al Gobierno de España que todos los ERTEs motivados por la sequía sean considerados de fuerza mayor para proteger los empleos independientemente del sector laboral.
La diputada cordobesa ha conseguido aprobar, a pesar del voto en contra de PSOE y Sumar, una PNL en la comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el Congreso de los Diputados en la que además se pide al Ministerio de Trabajo que publique o dicte una instrucción o criterio técnico para concretar y definir legalmente el concepto de fuerza mayor que resulta de aplicación en la tramitación de los ERTE debidos a la sequía, de manera que se cuente con una homogeneidad y una mayor seguridad jurídica. “El objetivo es que ningún trabajador pierda su trabajo por una causa ajena y externa que no se puede controlar, como es la sequía”.
Prieto ha hecho hincapié en las consecuencias que la sequía tiene también en términos laborales. “La sequía no es culpa de nadie, pero hay muchas víctimas de la falta de agua, a nivel humano y empresarial, y no podemos permitir que ninguna empresa se vea obligada a echar a la calle a ningún trabajador por esta causa”.
Para hacer frente a la situación de sequía se han tramitado expedientes de regulación temporal de empleo por fuerza mayor en diferentes comunidades autónomas. En el caso de Andalucía se han tramitado numerosos expedientes existiendo diferencias sustanciales en los informes de la inspección de manera que en algunas provincias el órgano inspector ha considerado la sequía como causa de fuerza mayor y en otras no. “Esto sucede porque no hay un criterio definido, y provoca agravios comparativos y perjuicios a los agricultores, generando inseguridad jurídica e indefensión para el sector”, ha explicado Isabel Prieto y añade, “lo que pedimos al Ministerio de Trabajo es exista un criterio común y homogéneo en toda España que puedan aplicar las distintas unidades territoriales de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social”.
Además, esta medida es aplicable a todos los sectores laborales. “La sequía no solo afecta al sector agrario y ganadero, también afecta a los sectores industriales y de servicios, como el turismo. Y esta situación de sequía no es fruto de una mala gestión de la empresa, del trabajador autónomo, ni de los agricultores, sino que ellos son las víctimas de las consecuencias de la falta de agua. Por ello no podemos dejar que estos sectores estratégicos echen a un solo trabajador por causas de la sequía, y con esta PNL hemos querido instar al Gobierno a adoptar las medidas pertinentes, con la mayor premura, para considerar los ERTE motivados por la sequía como de fuerza mayor”, ha explicado la diputada.
“Es fundamental establecer un marco normativo adecuado, dotado de seguridad jurídica, con una regulación clara y precisa, que determine qué ámbitos geográficos se encuentran en situación catastrófica por estar seriamente afectados por la sequía y que se establezca la sequía como causa de fuerza mayor, definiendo ésta legalmente”, ha afirmado.
Del mismo modo, Isabel Prieto ha acusado al Gobierno de Sánchez de falta de planificación ante la sequía y de inversión en obras hídricas tan necesarias para paliar este problema. “En la provincia de Córdoba el Gobierno ni está ni se le espera para llevar a cabo la conexión de Puente Nuevo con Sierra Boyera para solucionar la falta de agua”, y ha recordado la petición del Partido Popular de alcanzar un Pacto Nacional por el Agua.
“Desde el Grupo PP estamos muy satisfechos con la aprobación de esta iniciativa que viene para proteger a los trabajadores y los empresarios ante la situación de sequía que estamos viviendo”, ha comentado la diputada y concluye, “el PP es un partido de gobierno, en contacto permanente con la calle, con los sectores productivos y con los trabajadores, y ante la ausencia de un Gobierno que se preocupe por ellos, nosotros seguiremos trabajando y llevando iniciativas a las Cortes Generales para mejorar la vida de los cordobeses y de los españoles”.
