PSOE y Sumar se han comprometido a extender el permiso de paternidad y maternidad desde las 16 hasta las 20 semanas, y remunerar al menos cuatro de las ocho semanas del nuevo permiso parental por cuidado de hijos si gobiernan.
Así se desprende del nuevo acuerdo de Gobierno de coalición firmado por ambas formaciones, consultado por Europa Press, y presentado este martes por el presidente del Gobierno en funciones y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y la líder de Sumar, Yolanda Díaz.
Tal y como se lee en el texto, ambos partidos se comprometen a ampliar el permiso por nacimiento de hijo de las 16 semanas actuales a 20 semanas, con trabajo a tiempo parcial desde la semana 16, una medida que ya anunció Sánchez el pasado mes de junio, en una conversación con el ministro de Inclusión, Seguridad y Migraciones, José Luis Escrivá.
También muestran su disposición a avanzar en la implantación de permisos retribuidos para los cuidados de acuerdo con la directiva europea con el objetivo de "remunerar al menos 4 semanas por hijo/a del recientemente creado permiso parental de cuidados, a partir de agosto de 2024, sin perjuicio de las mejoras que puedan adoptarse en el marco de la negociación colectiva del sector público".
Asimismo, aseguran que revisarán la prestación por crianza para las familias con menores a cargo, unificando el actual Complemento de Ayuda a la Infancia del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y la deducción por maternidad en el IRPF; y que reforzarán y mejorarán el IMV, "simplificando los requisitos exigidos y mejorando los sistemas de acceso" y extendiendo los itinerarios de inclusión socio-laboral.
Además, Sánchez y Díaz se comprometen a aprobar "una Ley de Familias que reconozca y proteja a las diferentes modalidades de familias", después de que la Ley de Diversidad Familiar, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, quedara finalmente sin aprobar en la pasada legislatura al convocarse elecciones y disolverse las Cortes; y a impulsar el acogimiento familiar, en sus distintas modalidades, como medida prioritaria del sistema de protección a la infancia.
Igualmente, han pactado aprobar una Ley de Garantía de la Igualdad de Acceso a los Servicios Sociales, "que declare estos servicios públicos como esenciales y promueva su universalización efectiva" y que las ayudas de emergencia social queden "exceptuadas de la Ley de Subvenciones".
También dicen que seguirán incrementando progresivamente, a lo largo de la legislatura, el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) --un índice empleado en España como referencia para la concesión de ayudas-- "para facilitar el acceso de las familias más vulnerables a las distintas ayudas y subvenciones".
Por otro lado, se comprometen a continuar, si gobiernan, la senda de crecimiento de la financiación de la dependencia hasta que la financiación de la Administración General del Estado alcance el 50% del total, asegurando que las CCAA mantienen su inversión propia.
En esta línea, añaden que pondrán en marcha una Estrategia Estatal de Desinstitucionalización y adaptarán la Ley de Dependencia para impulsar un cambio en el modelo de cuidados y apoyo a las personas dependientes, "mejorando la calidad de la atención, personalizando los apoyos y priorizando la atención domiciliaria frente a la residencial", garantizando el servicio de teleasistencia como derecho subjetivo y el cumplimiento del Acuerdo de Acreditación (el "nuevo modelo de residencias"), acordado con las CCAA en el seno del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
Al mismo tiempo, dicen que impulsarán políticas para abordar el reto de la soledad no deseada a través de una Estrategia Nacional que coordine acciones y promueva el reconocimiento de este problema social. En esta línea, promoveremos los grupos de apoyo mutuo y las iniciativas comunitarias para la prevención de la soledad y aumentaremos la oferta de Centros de día y de cuidados de larga duración.
También aseguran que aprobarán, en colaboración con las CCAA, un marco común de Atención Temprana como servicio preventivo de posibles trastornos del desarrollo en niños y niñas entre 0 y 6 años, y desarrollarán "un apoyo expreso a las familias con menores con Trastorno del Espectro del Autismo".
Asimismo, quieren culminar la reforma del artículo 49 de la Constitución para suprimir el término 'disminuidos' y reforzar la protección constitucional de los derechos de las personas con discapacidad.
