Puigdemont será detenido si regresa a España y su puesta en libertad dependerá del TC si su defensa recurre

El expresidente catalán Carles Puigdemont podrá ser detenido si regresa a España porque el juez que instruye el 'procés' en el Tribunal Supremo (TS) mantiene activa la orden nacional de captura tras su negativa a amnistiar la malversación. El líder de Junts podría evitar el ingreso en prisión si antes de volver a Cataluña presenta un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) en el que pida suspender de forma cautelar dicha orden.

Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press recuerdan que el expresidente del Govern aún no ha presentado recurso alguno ante el TC contra el auto por el que el juez Pablo Llarena rechazó amnistiar la malversación y acordó mantener la orden nacional de detención.

Puigdemont podría acudir al tribunal y solicitar como medida cautelar que se deje sin efecto dicha orden antes de abordar la negativa de Llarena a aplicar la amnistía, toda vez que aún no ha vencido el plazo para presentar recurso de amparo.

Dichas fuentes explican que la defensa del expresidente podría realizar dicho planteamiento de cara a evitar ser detenido y entrar en la cárcel, aunque apuntan que en caso de volver a España antes de presentar su recurso de amparo podría igualmente acudir al Constitucional una vez en prisión.

No obstante, las fuentes consultadas inciden en que el acto en sí mismo de la detención no se podría recurrir ante el Tribunal Constitucional, solo el auto de Llarena en el que se acordó la orden nacional.

EL TC TIENE PENDIENTE UN RECURSO DE FISCALÍA

Si Puigdemont eleva el asunto al TC antes de septiembre, su recurso podría ser estudiado por la Sala de Vacaciones del tribunal, que mantendrá una mayoría progresista todo agosto dado que en ambas quincenas estará conformada por dos magistrados del ala progresista y uno de la conservadora.

En agosto del año pasado, esta sección --que entonces tenía una composición de mayoría conservadora-- inadmitió a trámite el recurso de amparo que presentaron Puigdemont y el exconsejero catalán Toni Comín contra las órdenes nacionales de detención que dictó el Supremo sobre ambos por los delitos de desobediencia y malversación.

La Fiscalía presentó un recurso de súplica ante tal decisión y el Constitucional acordó examinar el asunto en el Pleno con todos los magistrados presentes. Todavía está pendiente que el tribunal se pronuncie al respecto.

SU DEFENSA DA POR HECHO LA DETENCIÓN

La defensa, a cargo del abogado Gonzalo Boye, da por hecho que Puigdemont será detenido en su eventual regreso a España. En declaraciones a Catalunya Ràdio, recogidas por Europa Press, apuntó sin embargo que dicha detención incumpliría una "ley en vigor", en referencia a la ley de amnistía. De momento, no ha adelantado cuál será su estrategia ante los tribunales.

De ser detenido, Llarena podría tomar a Puigdemont la declaración indagatoria que tiene pendiente desde 2018 --cuando le procesó en rebeldía por desobediencia y malversación-- y dejarle en libertad, o podría acordar su prisión provisional hasta que se celebre un juicio, aunque con la ley de amnistía sobre la mesa hay fuentes no ven plausible este escenario. Dichas fuentes recalcan que aunque el juez está en contra de aplicar la amnistía a la malversación, su decisión es recurrible ante el Constitucional, que podría corregirle y descartar un eventual juicio.

De hecho, el pasado 8 de julio Puigdemont presentó un recurso en el que pedía al propio juez Llarena que modificara su decisión. Esta misma semana, se ha notificado un auto en el que el magistrado da dos días a la Fiscalía para que presente informe al respecto.

El Ministerio Público ya se pronunció en contra de la decisión de la Sala de lo Penal de no amnistiar la malversación al exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y el resto de condenados. Al igual que hizo el expresidente, se amparó en el voto particular que emitió la magistrada discrepante del tribunal del 'procés', Ana Ferrer.

Cabe recordar que el exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras fue condenado a 13 años de cárcel e inhabilitación por desobediencia y malversación. Aunque el Supremo rechazó amnistiar este último delito, aseguró que sí veía amnistiable la desobediencia, pero señaló que tenía dudas y planteó a las partes la posibilidad de consultar al Constitucional por este extremo.