La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha indicado al Tribunal Supremo (TS) que desde que se produjo la presunta filtración contra Alberto González Amador --el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso-- el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha recibido dos teléfonos móviles, uno de los cuales reseteó una semana después de que el TS le encausara, sin que haya devuelto ningún terminal.
Así consta en un oficio, al que ha tenido acceso Europa Press, donde la UCO responde al encargo efectuado por el instructor del caso, el magistrado Ángel Hurtado, para averiguar cuántos teléfonos oficiales ha recibido el fiscal general desde que sucedieron los hechos por los que se le investiga, cuántos ha devuelto, si alguno ha sido formateado y por quién.
La UCO se basa en la información aportada por la Oficina de Móviles de la Subdirección General de Calidad de los Servicios Digitales, Ciberseguridad y Operaciones --subordinada de la Dirección General de Transformación Digital de la Administración de Justicia--, a la que afea que le dio documentación que "daba cumplimiento parcial" al requerimiento judicial.
El material aportado revela que desde el 31 de junio de 2023, fecha fijada por Hurtado, el fiscal general "ha recibido dos dispositivos móviles": uno el 24 de mayo de 2024 y otro el 18 de diciembre de ese mismo año.
La UCO precisa que, desde el 7 de marzo de 2024, la víspera del día en el que arranca el periodo temporal investigado por el TS, "el fiscal general del Estado no ha entregado ningún dispositivo por desuso o reemplazo".
A este respecto, cabe recordar que la Fiscalía ya informó al TS el pasado enero de que no disponía de "la información solicitada en cuanto al formateo del dispositivo" porque no había recibido móvil alguno desde ese 7 de marzo.
Además, la UCO indica que "el borrado o formateo de terminales telefónicos no es una tarea realizada por esa unidad". Sin embargo, señala que "existe constancia de un reseteo del terminal móvil" que se le entregó el pasado mayo, "realizado por el propio fiscal general del Estado".
La Guardia Civil explica que "así se indicaba en un correo electrónico recibido el pasado 24 de octubre", ocho días después de que el TS abriera causa contra García Ortiz, "en esa Subdirección General, solicitando que se realizara un nuevo enrolamiento del citado terminal".
La UCO traslada a Hurtado que también acudió a la Dirección General de Racionalización y Centralización de Contratación del Ministerio de Hacienda, que ha contestado que los dispositivos móviles de toda la Administración General del Estado están bajo su titulación, pero que el "responsable del contrato" es la Secretaría General de la Administración Digital, que pertenece al Ministerio de Transformación Digital y Función Pública. El magistrado solo ordenó acudir a Justicia y Hacienda.
LOS MÓVILES DEL FGE
A raíz de distintos requerimientos de Hurtado, la UCO ya desveló que García Ortiz cambió de teléfono móvil el pasado 23 de octubre, justo una semana después de la apertura de la causa en su contra; y que los mensajes se borraron hasta dos veces ese mismo 16 de octubre. Reveló igualmente que García Ortiz había eliminado su cuenta personal de correo electrónico, en la que a las 21:59 del 13 de marzo de 2024 recibió el 'email' filtrado.
El propio García Ortiz reconoció en su declaración judicial del pasado 29 de enero que desde que llegó a la Fiscalía General del Estado, en 2021, ha cambiado "cinco o seis" veces de teléfono móvil y que ha borrado sus mensajes no solo porque es su derecho sino también porque considera que es una obligación legal puesto que sus dispositivos albergan información "ultra sensible".
En la comparecencia ante la Comisión de Justicia del Senado del pasado 18 de febrero, García Ortiz aportó las mismas explicaciones, añadiendo únicamente el dato de que borró su cuenta personal de correo electrónico "el 27 o 28 de diciembre" de 2024 ante el "acoso" que aseguró que ha sufrido desde que se difundieron sus datos personales.
LA INVESTIGACIÓN
Esta última diligencia se enmarca en la causa donde el TS investiga a García Ortiz y a la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por una presunta revelación de secretos contra González Amador.
Las pesquisas comenzaron por la nota de prensa difundida el 14 de marzo de 2024 por la Fiscalía dando detallada cuenta del intercambio de 'emails' entre la defensa de González Amador y el fiscal que le investigaba por presuntos delitos fiscales, Julián Salto, para llegar a un acuerdo.
Posteriormente, el caso se ha ampliado a la filtración de uno de esos 'emails', el del 2 de febrero de 2024 donde la defensa se ofrecía a reconocer los delitos fiscales a cambio de pactar; y de la existencia de una investigación contra González Amador.
