Este jueves la Comisión Europea ha iniciado expedientes sancionadores a Hungría y Polonia por sus leyes en contra de los derechos de las personas LGBTIQ+. El primero por la prohibición de hablar sobre sexualidades en los colegios y el segundo por sus “zonas libres de ideología LGBT.
Europa nunca permitirá que se estigmatice a partes de nuestra sociedad: ya sea por las personas a las que aman, por su edad, su origen étnico, sus opiniones políticas o sus creencias religiosas", dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, hace unos días en el Parlamento Europeo.
Hungría aprobó el pasado mes de junio una ley que establece medidas restrictivas y discriminatorias, concretamente prohíbe que se propague la llamada "divergencia de la propia identidad correspondiente al sexo al nacer, cambio de sexo u homosexualidad" para personas menores de 18 años. Similar a la propuesta del “pin parental” de Vox.
Desde Bruselas opinan que “no ha explicado por qué la exposición de los niños a contenido LGTBIQ como tal sería perjudicial para su bienestar o no estaría en consonancia con el interés superior del niño". Por este motivo ha mandado una carta a Hungría considerando que viola una serie de normas de la Unión Europea.
El segundo expediente trata sobre Polonia y sus “zonas libres de ideología LGBT”, que incluso marcan con carteles a la entrada de poblaciones. Desde Bruselas llevan meses intentando obtener respuestas sobre esa etiqueta que se ha puesto sobre ciertas regiones.
“Polonia está obstaculizando la capacidad de la Comisión para ejercer las competencias que le confieren los Tratados e incumpliendo el principio de cooperación sincera con arreglo al artículo 4, apartado 3, del TUE, que exige que los Estados miembros brinden una cooperación genuina a las instituciones de la Unión. Por tanto, la Comisión ha decidido enviar una carta de emplazamiento a Polonia por su falta de cooperación”, señala en un comunicado este jueves.
La Unión Europea tiene ciertas leyes sobre la no discriminación sobre colectivos que ambos países no están siguiendo. Ambos países han recurrido al Tribunal de Justicia de la UE la normativa para que puedan acceder a los fondos europeos, que desde la comisión no darán si las leyes siguen vigentes.
