La comunidad agrícola europea está consternada y muy preocupada por el acuerdo alcanzado en la noche el jueves 9 de noviembre por los negociadores en el diálogo a tres bandas sobre la Restauración de la Naturaleza. A pesar de algunas atenuaciones, el compromiso final global vuelve a una propuesta totalmente irrealista para los agricultores y los propietarios forestales y fuerza al Parlamento Europeo a reposicionarse sobre toda la propuesta.
El acuerdo alcanzado el jueves por los negociadores institucionales reavivará el acalorado debate en Bruselas. Al reintroducir el artículo 9 sobre los ecosistemas agrícolas, los negociadores decidieron volver a situar en el centro del reglamento numerosas disposiciones poco realistas y sin presupuesto que pasarán factura a los agricultores, ganaderos, silvicultores y cazadores europeos. Conscientes del desfase entre las ambiciones del texto y las medidas compensatorias ausentes, los negociadores acordaron que la CE evalúe la aplicación del Reglamento a más tardar el 31 de diciembre de 2033, reconociendo así que podría tener graves repercusiones para los sectores productores de alimentos.
Las propuestas alcanzadas, sumadas a los demás expedientes de la estrategia ‘De la Granja a la Mesa’, como el Reglamento de Uso Sostenible de Fitosanitarios (SUR), supondrá un escenario insostenible para el campo europeo. Al no respetar la posición que expresó la mayoría del Parlamento Europeo, el ponente socialista César Luena empuja a todos los eurodiputados a reposicionarse sobre este texto. Ningún eurodiputado puede decir ahora que el texto propuesto para su ratificación no tendrá repercusiones importantes sobre nuestra producción, nuestra competitividad, la balanza comercial de la UE, o el precio de consumo de millones de europeos.
No obstante, con la pretensión de contentar a los agricultores y ganaderos, silvicultores y cazadores europeos, la nueva propuesta incluye un “freno de emergencia” que ofrece la posibilidad de suspender la aplicación de las disposiciones del reglamento relacionadas con los ecosistemas agrícolas durante un año, en caso de verse amenaza la seguridad y asequibilidad alimentaria o por catástrofes naturales. Una vez más, el señor Luena demuestra su desconexión con la realidad agraria y medioambiental al sostener que estas amenazas se pueden arreglar en un año.
Por su parte, el presidente de ASAJA, Pedro Barato, ha expresado su “asombro” por las disposiciones sobre ecosistemas agrícolas, “reintroducidas a espaldas de la mayoría del Parlamento Europeo”. También ha destacado la falta de realismo de las medidas propuestas (la inclusión de la restauración en las zonas Red Natura 2000 afectaría casi al 40% de la superficie de España) , “que son una amenaza más para la viabilidad de la agricultura europea, y, por ende, para la subsistencia de las zonas rurales", al mismo tiempo que ha mostrado su preocupación por la no financiación de estas medidas, ya que “siguen sin detallar cómo o quién financiará la restauración de la naturaleza”.
Por último, Barato ha pedido explicaciones para que aclaren qué implica exactamente “eliminar las barreras artificiales a la conectividad de las aguas superficiales”, tal y como indica la nota de prensa del Consejo de la UE.
