Una controvertida estrategia migratoria de la Administración Trump ha recibido un importante revés judicial. El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha ordenado al Gobierno detener de forma inmediata las deportaciones masivas de migrantes irregulares bajo el amparo de la antigua Ley de Enemigos Extranjeros, legislación de finales del siglo XVIII reservada originalmente para contextos de guerra.
La decisión afecta principalmente a un grupo de detenidos en el centro de internamiento de Bluebonnet, en Texas, donde se encuentran migrantes acusados de pertenecer al Tren de Aragua, una organización criminal calificada por el Gobierno como grupo terrorista. Según los magistrados, el Ejecutivo no podrá trasladar a ninguno de estos reclusos “hasta nueva orden”, en un fallo que ha contado con el voto en contra de los jueces conservadores Clarence Thomas y Samuel Alito.
El Gobierno de Trump venía utilizando esta legislación para realizar expulsiones automáticas, sin necesidad de juicios ni respeto al estatus migratorio, una práctica duramente criticada por organizaciones civiles. Solo tres veces antes en la historia del país se había invocado esta ley, siendo el caso más reciente su uso durante la Segunda Guerra Mundial para internar a ciudadanos estadounidenses de origen japonés.
Entre los afectados por esta política se encuentra el caso de Kilmar Ábrego García, salvadoreño deportado a mediados de marzo, pese a contar con protección legal desde 2019. El Supremo ya había instado a facilitar su regreso a Estados Unidos, pero sin emitir una orden ejecutiva concreta. Mientras tanto, tanto Washington como el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se niegan a repatriarlo. Las autoridades salvadoreñas lo consideran un criminal, mientras que en EE.UU. se argumenta que ya no se tiene autoridad para revertir su expulsión.
La controversia ha vuelto a escalar tras la publicación por parte de Trump de una imagen que muestra una supuesta mano tatuada con las siglas de la MS-13, en referencia a Ábrego. “Los demócratas quieren traer de vuelta a este hombre, dicen que es inocente. Me eligieron para expulsar a esta gente. Déjenme hacer mi trabajo”, escribió el expresidente en sus redes sociales.
En paralelo, Trump ha endurecido aún más su discurso, acusando al actual presidente, Joe Biden, de permitir la entrada de “millones de criminales, asesinos y narcotraficantes” por su “fracasada política de fronteras abiertas”. El republicano ha reiterado su promesa de expulsar a todos ellos si vuelve a la Casa Blanca.
El caso ha desatado un nuevo debate en torno a los límites legales de la política migratoria y ha encendido las alarmas entre activistas por los derechos humanos, que denuncian la falta de garantías judiciales en estas deportaciones relámpago. La jueza federal Paula Xinis ya había ordenado el retorno de Ábrego, pero la administración recurrió ante el Supremo buscando blindar su uso de la polémica ley.
