La filosofía de establecer unas normas comunes ha acompañado a la Unión Europea (UE) desde sus inicios. La armonización regulatoria es una cuestión central en la UE y busca establecer unas reglas del juego comunes para los países miembros a través de diferentes marcos regulatorios, principalmente directivas.

Para conocer cómo de sostenibles son las empresas europeas, la UE promulga en 2014 la Directiva 2014/95/UE (NFRD), que obliga a las empresas a presentar informes de sostenibilidad con el objetivo de medir, supervisar, comparar y gestionar el rendimiento sostenible de las empresas.

Diez años después de su puesta en marcha, un equipo del Departamento de Economía Agraria, Finanzas y Contabilidad de la Universidad de Córdoba formado por Carlos Anguiano, Melania Salazar, Rossana Tornel y Macario Rodríguez analiza la cantidad y homogeneidad de la información sobre la sostenibilidad de 100 empresas agroalimentarias de los países más fuertes del sector en Europa: Alemania, Países Bajos, Italia y España.

Aunque esta directiva establece la obligatoriedad de realizar informes de sostenibilidad para algunas empresas (según el tamaño o si cotizan en bolsa, dependiendo el país), contempla auditorías de esos informes e incluso sanciones a los incumplimientos, no estipula un modelo específico a usar. "La directiva establece que hay algunos estándares y que cada empresa puede usar el que le parezca más adecuado, siempre que los informes tengan un bloque social, económico, de gobernanza y medioambiental, que serían los bloques básicos" explica el investigador Carlos Anguiano. "Que la forma de confeccionar el informe no esté estandarizada, hace que la información sea más difícil de comparar y verificar", añade.

Tras analizar el contenido de las 100 empresas agroalimentarias europeas seleccionadas que hacían su informe de sostenibilidad siguiendo el estándar de divulgación Global Reporting Initiative (GRI) que, dividido en bloques, subloques e indicadores, permite comparar mejor el nivel de divulgación; la conclusión era clara: la divulgación sobre sostenibilidad en las empresas agroalimentarias europeas es escasa y muy heterogénea. 

Las empresas alemanas destacan con una mayor cantidad de información sobre sostenibilidad divulgada, seguidas muy de cerca de las empresas españolas. Italia ocuparía el tercer puesto y Holanda quedaría última, según el estudio. 

"Además de los bajos niveles de divulgación, la información que se recoge es muy heterogénea" cuenta Anguiano. La flexibilidad de la Directiva permite a los países aplicarla de distintas formas. En cuanto a obligatoriedad, por ejemplo, mientras que en España tienen que llevarlo a cabo las empresas de más de 500 empleados, en Alemania y Holanda el requisito para que sea obligatorio es que la empresa cotice en bolsa. 

Para el investigador la directiva, a pesar de la poca divulgación, es positiva, ya que puede servir para eliminar prácticas de greenwashing o ecopostureo por parte de las empresas, "en España vemos que antes de que existiese la obligatoriedad el nivel de divulgación era mayor, por lo que consideramos que la información, aunque ahora sea menor, esta podría ser más veraz".

La recomendación de este equipo pasa por la adopción de marcos menos flexibles que una Directiva, ya que "este puede no ser el instrumento más adecuado para lograr la armonización de la información sobre sostenibilidad a nivel europeo si se permite un amplio margen para la transposición por parte de los países y no afecta por igual a las empresas". Un análisis que podría ayudar a la Comisión Europea a mejorar la actualización de la norma propuesta para 2025.