Filipinas amenaza con la cárcel a quienes rechacen la vacuna contra el COVID-19

Rodrigo Duterte, presidente de Filipinas - Facebook - Rodrigo Duterte

El presidente filipino ya había encarcelado a aquellos que se saltaban las medidas del confinamiento. La nueva medida de su gobierno ha sido condenada por el Tribunal Penal Institucional.

El presidente de Filipinas Rodrigo Duterte ha amenazado este lunes con mandar a prisión a quienes se nieguen a inmunizarse contra el COVID-19. Su administración de mano de hierro es conocida por políticas como la de, en plena pandemia, ordenar a la Policía disparar contra los que incumplían el confinamiento o encerrarles en jaulas bajo el sol como reprimenda.

Esta nueva medida se debe a la crisis nacional que está sufriendo el país, según aseguró Duterte en un discurso reciente. Ha realizado estas declaraciones después de ser informado de que ciertas personas en Manila han rechazado la vacuna, mientras el país intenta acelerar el proceso de vacunación frente al progreso de la variante Delta.

Filipinas se ha marcado el objetivo de vacunar a 58 millones de personas durante este año. De momento se ha conseguido la inmunización completa de 2,1 millones, aunque el total de dosis administradas es de 8,4 millones.

En el mismo discurso el presidente ha cargado contra el Tribunal Penal Institucional por la investigación de la Fiscalía sobre ciertos asesinatos en conexión con la lucha antidroga en su país. Ha instado a no colaborar con dicha investigación, según la agencia DPA, asegurando que quienes apoyan y forman el Tribunal son antiguos colonizadores que ahora pretenden hacer a países como Filipinas responsables de enfrentarse a ellos. Según ha afirmado, sólamente responderá frente a un juez filipino.

La inspección previa sobre la opresión del Gobierno de Duterte en la lucha antidroga, realizada por el TPI, se inició en febrero del 2018. La fiscal jefe saliente, Fatou Bensouda, declaró la semana pasada estar persiguiendo una investigación completa, asegurando tener razones suficientes para creer que, en este marco, se han cometido crímenes contra la humanidad. En los últimos cinco años más de 7.000 personas han muerto en Filipinas en intervenciones policiales contra las drogas.