En un panorama tecnológico en constante evolución, los terminales de punto de venta (TPV) están experimentando una revolución gracias a la inteligencia artificial (IA), mientras que las empresas españolas se preparan para adaptarse a la Ley Antifraude, que entrará en vigor en julio de 2025. Estas tendencias prometen transformar la manera en que los negocios gestionan sus operaciones y cumplen con las normativas fiscales.
La integración de inteligencia artificial en los terminales de punto de venta será una de las principales tendencias para 2025. El uso de IA permitirá a los comercios mejorar la experiencia del cliente a través de análisis predictivos, automatización de inventarios y recomendaciones personalizadas en tiempo real. Además, esta tecnología optimizará procesos internos como la detección de fraudes y la gestión de datos fiscales en cumplimiento con normativas como la nueva Ley Antifraude.
Inteligencia Artificial: la nueva realidad del sector
Teniendo en cuenta la incorporación de IA cada vez más específica en tecnologías vinculadas con la facturación y la gestión de comercios, Fernando Pérez, director general de La Casa del TPV, se muestra convencido de que “vivimos en un momento clave, donde la tecnología no solo está facilitando las operaciones más cotidianas de los negocios, sino también impulsando su crecimiento como nunca”.
En este contexto, todo apunta a que el empleo de inteligencia artificial será un aliado de gran valor para los TPV en 2025, ayudando a las empresas a tomar decisiones más certeras y a mejorar la experiencia del cliente.
La Ley Antifraude: el gran cambio normativo que llegará en julio de 2025
En paralelo a la evolución tecnológica, el sector empresarial en España se prepara para cumplir con el Real Decreto 1007/2023, conocido como Ley Antifraude, que será de aplicación obligatoria a partir de julio de 2025. Esta normativa establece que todos los sistemas de facturación, incluidos los TPV, deberán cumplir con el estándar Verifactu, garantizando la integridad y trazabilidad de los datos fiscales.
Para garantizar este mayor nivel de transparencia por parte de los negocios ante sus clientes y con la Agencia Tributaria, será necesario tener los TPV actualizados a las necesidades del mencionado Real Decreto. “La Ley Antifraude busca combatir la economía sumergida, pero también profesionalizar y digitalizar los negocios”, explica Fernando Pérez. En caso de malas prácticas o incumplimiento, la Ley establece sanciones de entre 1.000 y hasta 150.000 euros.
