El trabajo infantil sigue siendo una realidad hoy en día para 160 millones de niñas y niños en todo el mundo. Cerca de la mitad de ellos (un total de 79 millones) realiza trabajos peligrosos que ponen directamente en peligro su salud, seguridad y desarrollo moral, según el informe 'Trabajo infantil: estimaciones mundiales 2020, tendencias y el camino a seguir', publicado en 2021 por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y UNICEF.
El documento advierte de que, tras dos décadas de avances en la erradicación del trabajo infantil, se ha producido un aumento de 8,4 millones desde 2016. De ahí la importancia de impulsar y promover el Comercio Justo, como destacan las asociaciones de Comercio Justo en el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, que se celebra este 12 de junio.
El Comercio Justo establece como un principio fundamental la ausencia de trabajo forzoso y de explotación laboral infantil y, por tanto, garantiza que ningún menor realice tareas que afecten a su desarrollo físico, mental, social o espiritual, interfieran en su educación, o se desarrollen en condiciones abusivas, peligrosas y nocivas que pongan en peligro su salud o integridad. Asimismo, las organizaciones de Comercio Justo en el caso de emplear a jóvenes, establecen que su edad mínima debe ser de 17 años y garantizan que su trabajo le permita continuar con sus estudios.
Por otro lado, el movimiento del Comercio Justo realiza campañas y se posiciona públicamente en la denuncia de la explotación laboral infantil. De esta manera se garantiza el adecuado desarrollo de la infancia que, además de constituir un Derecho Humano fundamental, es un elemento clave para sentar las bases del desarrollo futuro de las comunidades y del país.
Numerosas organizaciones productoras de Comercio Justo dedican la prima social a proyectos educativos dirigidos a la infancia como becas escolares, ayudas a la escolarización y/o para material escolar, construcción o reforma de escuelas, etc.
Como añade el sello Fairtrade, el 70% de las y los niños afectados trabaja en actividades agrícolas, íntimamente relacionadas con el sector de la alimentación y el gran consumo. "Parece que es algo propio de otros tiempos y que se da lejos de nuestro país, pero es un problema que nos incumbe a todas las personas, no podemos mirar hacia otro lado. Está en nuestras manos poner fin a la explotación infantil", señala el director de Fairtrade Ibérica, Álvaro Goicoechea.
Las ventas de productos de Comercio Justo con certificación Fairtrade acumulan un crecimiento del 294% en los últimos 5 años en España. Gracias al consumo de estos productos, productores y agricultores han recibido una ayuda directa de 1.400.339 euros correspondiente a la Prima Fairtrade, destinada a conseguir mejoras tanto en sus negocios y operaciones como en su comunidad, como destaca el sello.
La Prima Fairtrade es una cantidad adicional de dinero que se paga por encima del precio mínimo acordado. "Además de garantizar unos precios justos y estables a nuestros productores para ayudarles a resistir a las fluctuaciones del mercado y proporcionarles una red de seguridad contra la caída de los precios, también les aseguramos la Prima Fairtrade para que ellos decidan democráticamente cómo usarla en proyectos sociales que incentiven el desarrollo de sus comunidades, como por ejemplo el desarrollo de la infancia con la construcción de escuelas y centros educativos", explica el director de Fairtrade Ibérica.
"Es muy complicado acabar con el trabajo infantil si las familias no pueden ganarse la vida decentemente con sus cultivos y las personas jóvenes carecen de oportunidades de empleo decente. Trabajamos junto con las empresas en sus cadenas de aprovisionamiento para que agricultores, productores y sus familias tengan unos medios de vida justos y sostenibles que les garanticen unas condiciones de vida dignas", indica al respecto Goicoechea.
Los criterios de Comercio Justo Fairtrade son muy estrictos y se verifican con auditorías periódicas. Asimismo, Fairtrade requiere que la organización de productores fortalezca sus programas y sistemas para detectar, responder y prevenir el trabajo infantil.
"Luchamos contra las causas profundas del trabajo infantil y trabajamos para prevenir el abuso y la explotación de los niños. De hecho, hemos elegido trabajar con productores y regiones con riesgo conocido de trabajo infantil porque sabemos que es allí donde más falta hace nuestro trabajo. Para acabar con el trabajo infantil es necesario que todos, agricultores, consumidores, empresas y gobiernos pongamos de nuestra parte. Las personas que compran productos certificados con sello Fairtrade no sólo ayudan a los productores a que se ganen mejor la vida y envíen a sus hijos a la escuela, sino también a que aborden las causas subyacentes del trabajo infantil en sus comunidades", concluye Goicoechea.
IMPACTO DE LA COVID EN EL TRABAJO INFANTIL
Por su parte, las ONG UNICEF y World Vision alertan de que, sin estrategias de mitigación, se estima que el número de niños y niñas en trabajo infantil podría aumentar en 8,9 millones para finales de 2022. "El trabajo infantil es una violación grave de los derechos de los niños y niñas. Durante la crisis de la COVID-19 hemos presenciado un alarmante aumento del trabajo infantil provocado por la lucha de las familias para llegar a fin de mes. La situación que han vivido millones de familias ha sido desesperada y les ha obligado a tomar decisiones con consecuencias nefastas para la infancia", explica Charo Izquierdo, coordinadora de programas y sensibilización de World Vision.
"Tenemos un gran desafío por delante que necesita financiación y apoyo por parte de todos los actores implicados, tanto organismos internacionales, como los gobiernos, las empresas y la sociedad. Apoyar los medios de vida de las familias es fundamental para romper los ciclos de pobreza y proteger los derechos de la infancia", asegura.
La ONG detalla que el trabajo infantil se concentra en los países más pobres del mundo. También es común en contextos frágiles donde hay inseguridad o conflicto armado. La pobreza familiar y una oferta educativa deficiente son dos de las principales razones por las que los niños y niñas de los países con bajos ingresos son utilizados como fuerza laboral.
Por ejemplo, en Afganistán, el año pasado, un estudio de World Vision encontró que casi el 50% de las familias habían enviado a sus hijos a trabajar. Este es el caso de Wakeel, de 10 años, que trabaja como limpiabotas. Hasta hace poco, nunca había acudido a una escuela, deambulaba por las calles de su ciudad trabajando 11 horas al día para proporcionar ingresos a su familia. El trabajo infantil es común en todo Afganistán, con estimaciones que muestran que solo en la capital, Kabul, al menos 60.000 niños trabajan en las calles todos los días. Desde el cambio de gobierno el pasado año, estas cifras se han triplicado.
En los primeros meses de la pandemia, el 28% de los hogares en Camboya sufrieron pérdidas de empleo e ingresos y enviaban a los niños y niñas a trabajar, y en Bangladesh, el 34% los enviaba a mendigar. El confinamiento por la pandemia de COVID-19 obligó a miles de niños como Pinky, de 10 años, a abandonar la escuela y trabajar en fábricas.
En todo el mundo, World Vision está trabajando con las comunidades, las familias y los propios menores para acabar con el trabajo infantil, especialmente con la explotación sexual y el reclutamiento en grupos armados. "No hay excusa para que esto suceda en el siglo XXI. Con una acción urgente, basada en la concienciación de los derechos de la infancia, alentando la matriculación escolar y ayudando a las familias a mejorar sus ingresos y mediante la asociación con gobiernos y empresas para prevenir el trabajo infantil, aún podemos cumplir con nuestro compromiso global de poner fin al trabajo infantil para 2025", zanja Izquierdo.
