Casi un año después de las primeras conversaciones sobre las medidas que se adoptarían para paliar la inminente crisis económica, la historia se repite. Nadia Calviño, vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Economía y el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, han vuelto a la urgencia de marzo de 2020 donde discrepaban, para poner una solución a las ayudas a empresas.
Hace una año las conversaciones entre ambas partes acabaron divergiendo, De Cos proponía ayudas directas a los afectados tras haber recibido inyecciones de capital por parte del BCE o banca privada, no tenía sentido endeudar a las empresas con aplazamiento de impuestos solo con el objetivo de cumplir obligaciones fiscales; por otra parte Calviño acabé imponiendo la aprobación de ayudas en función de la evolución económica durante los primeros meses de pandemia, entre las que se encontraba el aplazamiento de impuestos, pero no su remisión.
Entre las ayudas más efectivas se encontraron los ERTE, de carácter público, pero que dejaban muchos frentes abiertos. Los avales ICO también supusieron un gran paso por parte de De Cos, el cual aprobó estas ayudas que actuaban de garantía para el 80% del importe para los créditos emitidos por la banca a las empresas.
Hoy el Gobernador se encuentra en busca de medidas más directas como el fondo perdido sin la alteración del flujo de capital, mientras que desde presidencia se anunciaba el pasado miércoles un nuevo plan de ayudas valorado en 11.000 millones. Estas acciones han sido recientemente puestas en duda por ciudadanos y empresas supuestamente destinatarias, porque aunque no se conoce todavía un calendario para su distribución, el pasado mes de diciembre se había aprobado un plan de ayudas previo que contenía mayormente ayuda indirecta como nuevos créditos ICO o aplazamiento de impuestos, para sorpresa de los ciudadanos a día de hoy siguen contemplando la promesa de esas ayudas.
Tras múltiples reclamaciones para evitar la quiebra, ciudadanos y empresas se vuelcan con el anuncio del nuevo plan, del que no se conocen detalles y que podría ser aprobado en marzo. Este nuevo anuncio es el culpable de haber generado de nuevo puntos de vista diversos entre Calviño y De Cos. La ministra de economía ha aireado como se estudia que en el nuevo plan de ayudas se condonen las deudas de las empresas que hayan sido destinatarias de los ICO o aumentar el "tiempo" de las empresas con créditos participativos. De Cos ha generado otra opinión en cuanto a estas nuevas medidas, esta ha sido respaldada, no de forma unánime, por los bancos y condena la postura de Calviño de solamente interceder por aquellas empresas que hayan recibido créditos vinculados al ICO, cuando la asignación solo se corresponde una una pequeña parte de las empresas del país debido a su alto tipo de interés. El Gobernador ha inferido también en la situación posterior al perdón de créditos de origen bancario, ya que esto podría afectar a la concesión de futuros préstamos o a la situación económica respecto a otras entidades de la UE. Los créditos participativos tampoco han sido bien vistos por el Banco de España debido a que la mayoría de empresas son de tamaño reducido.
Las conclusiones a las que se han llegado casi un año después del comienzo de la situación causada por el coronavirus, han sido algo muy semejante a lo que se debatía en marzo del año pasado. Los bancos siguen apostando por medidas directas que no afecten al mercado de crédito, pero que mantengan un fondo perdido y así ayuden al fortalecimiento de nuevamente de la banca tras el fortalecimiento de la actividad económica y empleo; mientras, economía sigue apostando por observar las cifras y actuar en base a ellas. Todo dependerá de los criterios con los que se definan los nuevos planes.
