Cerca del 9% de los adolescentes ha sufrido violencia sexual por parte de otros menores, según ha revelado la Plataforma de Infancia en la jornada "la violencia sexual entre adolescentes: retos y políticas públicas", que se ha celebrado en CaixaForum, en Madrid.
En este sentido, ha alertado de que la mayoría de los casos la violencia sexual hacia la infancia es ejercida por adultos y que más de la mitad (60%) de los adolescentes ha sufrido algún tipo de violencia sexual en el entorno digital.
"Este es un mensaje para políticos. La violencia sexual entre adolescentes no para de crecer. Es importante que nos preguntemos por qué y que nos planteemos qué está fallando, sin criminalizar a la adolescencia, pero sí haciéndoles partícipes. Necesitamos poner en marcha políticas públicas que miren de frente a este problema", ha asegurado presidente de la Plataforma de Infancia, Carles López, en el acto.
Asimismo, la Plataforma ha recordado que del total de niños y adolescentes víctimas de violencia sexual que contactaron con las líneas de ayuda de la Fundación ANAR entre 2019 y 2023, un 21,4% relató que había sufrido agresiones sexuales por otra persona de su edad o similar. "Aunque los casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes siguen siendo en su mayoría perpetrados por personas adultas, llama la atención el elevando volumen de casos de violencia sexual cometidos por menores de edad" ha añadido López.
Además, ha indicado que la violencia sexual en el entorno digital es ya la más frecuente entre adolescentes. Según el estudio publicado por el GREVIA, Grupo de Investigación sobre Victimización Infantil y Adolescente de la Universidad de Barcelona, un 12,1% de los adolescentes encuestados comunicó algún caso de violencia sexual en el entorno digital en el último año.
En la jornada se ha presentado también la campaña de sensibilización de la Plataforma de Infancia 'Una adolescencia sin violencia sexual', en la que, a través de diferentes piezas audiovisuales protagonizadas por adolescentes, se hace un llamamiento a políticos, Administración Pública, profesorado, madres y padres, para que actúen frente a la violencia sexual entre adolescentes.
Para las organizaciones de infancia, la "clave" está en adoptar políticas públicas que aborden los diferentes retos "para garantizar una adolescencia sin violencia sexual, como la falta de una educación afectivo sexual de calidad que incide también en el consumo de pornografía como manera de buscar las respuestas que no encuentran en otro sitio, normalizando la violencia sexual".
EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL Y EN EL ENTORNO DIGITAL
"Es necesario poner en marcha medidas que ofrezcan a la población adolescente educación afectivo-sexual y también educación en el entorno digital tanto para las propias niñas y niños, como para familias y profesionales, para conocer los riesgos existentes y las herramientas que hay para protegerlos. También establecer mecanismos de denuncia adecuados y que las personas que trabajan en centros educativos, centros sanitarios y servicios sociales estén formadas y coordinadas", ha explicado el director de la Plataforma de Infancia, Ricardo Ibarra.
En esta misma línea, Ibarra ha recalcado que una víctima de violencia sexual en la infancia o adolescencia tarda, de media, 17 años en contar o comunicar lo que le sucedió, "entre otras cosas, por la falta de canales de denuncia o de comunicación claros, accesibles y universales, que den seguridad a las víctimas para dar el paso de denunciar, y por el desconocimiento de los ya existentes". "Una comunicación rápida de un caso de violencia sexual es esencial para la protección de la víctima y para su recuperación", ha agregado.
En el encuentro, inaugurado por el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, y clausurado por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, se han celebrado dos mesas de debate sobre las carencias y retos en la lucha contra la violencia sexual en la adolescencia y las políticas públicas necesarias frente a esta cuestión. Estas han contado con la participación de expertas en la prevención y protección de los derechos de niños y adolescentes frente a la violencia, procedentes del ámbito académico y social.
