El fraude alimentario es una preocupación que cada vez afecta más a consumidores, gobiernos y productores y que implica a toda la cadena de distribución. Toda noticia de fraude alimentario implica siempre alarma, lo que causa un gran daño a las empresas legítimas que suministran y producen alimentos con las debidas medidas y precauciones de higiene y sanidad. Se calcula que la industria agroalimentaria pierde cada año entre 30 a 40 mil millones de euros debido al fraude. Para 2050, se estima que la producción de alimentos deberá de aumentarse en un 60% para alimentar a los 9.300 millones de personas del mundo. Todo un desafío para la industria.
Pero los números no solo refrendan que la preocupación tiene su base en las estadísticas. Según los datos de EIT Food, organización alimentaria no gubernamental que cuenta con el apoyo de la Unión Europea, España es el país comunitario con más fraude alimentario en sus productos de origen, seguido en el pódium de Italia y Países Bajos. En este sentido, EUIPO, la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, al rastrear el fraude del mercado del vino y las bebidas alcohólicas en España en 2019, detectó 438 millones de euros estafados. Por su parte, observando el mercado del aceite, en Europa las pérdidas relacionadas con estos fraudes se estiman en 1.500 millones de euros, en un mercado de 3.000 millones de euros.
Esta situación tan perjudicial para el mercado y para los consumidores se debe a que las mafias se han apoderado de una gran parte del mercado, multiplicando el fraude y la falsificación, hasta el punto de convertirlo en un negocio ilícito aún más rentable que el de los estupefacientes. Para ello, estos falsificadores siguen varios métodos de funcionamiento, como la sustitución del producto original por otros parecidos de menor calidad, el etiquetado erróneo, el anuncio de falsos orígenes geográficos, pero también su mezcla con otras sustancias, en ocasiones, hasta perjudiciales para la salud.
Además, la escalada de precios de productos básicos en los últimos meses es un escenario perfecto para que mafias, mercados ilícitos y malos en general aprovechen la coyuntura para introducir en los mercados estos productos adulterados o de procedencia dudosa que ponen en riesgo la credibilidad de las empresas y, sobre todo, a los propios consumidores.
SICPA, multinacional suiza con gran implantación en España, cuenta con soluciones de seguridad material y digital para luchar contra esta lacra en la economía actual, y trabaja desde hace años para combatir el fraude alimentario y, lo que es más importante, dar legitimidad a los productos originales, con satisfactorias soluciones que ya han sido implantadas, por ejemplo, en la industria del vino, conservas, aceites, licores, productos de denominaciones de origen con el queso o el azafrán de La Mancha, etc.
En este sentido, la marcación segura de estos productos se efectúa mediante etiquetado o marcación directa en estos productos envasados utilizando tintas de alta seguridad, en algunos casos invisibles al ojo humano, que proporcionan una robusta medida de seguridad adicional. A esta securización inicial le sigue la trazabilidad y serialización del producto, es decir, enlazar el producto no solo a una prueba de autenticidad sino también a un número de serie o código que hace que este producto sea más específico o incluso único (se le asigna un “DNI”). Ejemplos típicos son los códigos QR. Cuando tales códigos se aplican para un lote de producción o para un envío facilitan el seguimiento a lo largo de la cadena de suministro o proporcionan al cliente final esa información.
El más alto nivel de seguridad se alcanza cuando el código en sí mismo se combina con la seguridad material. En SICPA han dado un paso más con el desarrollo de unos QR con capas de seguridad material (textura, tintas…) y digital (que solo se pueden validar con los programas informáticos correspondientes) que imposibilitan su falsificación, copia o reproducción.
Las soluciones de seguridad alimentaria de SICPA están implementadas en la industria del vino, con sistemas antifraude en las cápsulas que rodean el precinto de los corchos de las botellas, y con QR con tintas de seguridad que permiten una perfecta trazabilidad del sistema a lo largo de toda la cadena de distribución. Estos códigos QR están igualmente presentes en las botellas de aceite de oliva virgen u otras bebidas espirituosas también con DO, así como en precintos de garantía de muchos productos alimenticios, pero es importante que cada industria específica se estudie previamente, para así aplicar las mejores medidas de seguridad, tanto material como digital.
En definitiva, SICPA ofrece una estrategia antifraude de 360 grados que resuelve los tres principales problemas de seguridad de la industria alimentaria: la falsificación de productos, su adulteración y las fisuras en la cadena de suministro.
Acerca de SICPA
SICPA, líder del mercado en tintas de seguridad y proveedor líder de soluciones seguras de autenticación, identificación, trazabilidad y cadena de suministro. SICPA es un socio confiable para gobiernos, bancos centrales, imprentas de alta seguridad e industria. Todos los días, los gobiernos, las empresas y millones de ciudadanos confían en su experiencia, que combina características encubiertas basadas en materiales y tecnologías digitales para proteger la integridad y el valor de su moneda, identidad personal, documentos de valor, servicios de gobierno electrónico, así como productos y marcas. Fiel a su propósito de habilitar la confianza a través de la innovación constante, SICPA tiene como objetivo promover una economía de la confianza en todo el mundo, donde las transacciones, las interacciones y los productos en los mundos físico y digital se basan en datos protegidos, infalsificables y verificables.
Fundada en Lausana en 1927, con sede en Suiza y operando en los cinco continentes, SICPA emplea a unas 3000 personas.
En España, SICPA cuenta con un área de desarrollo de soluciones en la calle Velázquez de Madrid y una fábrica de tintas de alta seguridad en Alcalá de Henares. Actualmente más de 150 personas trabajan en España, con un 21% de mujeres y 14 nacionalidades diferentes.
